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| Julio Hernández López |
A diferencia de lo que va sucediendo en otras entidades, los hechos del miércoles y el jueves tienen referentes políticos inocultables. La violencia surgió del enfrentamiento entre miembros de Antorcha Campesina y Popular y del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) a propósito de la delimitación de las áreas de trabajo con mototaxis que cada parte reclama para sí. No pareciera de origen una pelea ideologizada o relacionada con lo electoral, sino un subproducto trágico del sistema clientelar que usan dirigentes y partidos a partir de la obtención de permisos, concesiones, subvenciones, y otro tipo de “apoyos” para sus bases mantenidas en permanente tensión dialéctica: Unos días deben marchar y manifestarse en respaldo de las pretensiones políticas de sus patrocinadores de cuello blanco; otros días deben presionar y protestar si lo ofrecido no es suficiente o si lo prometido no se cumple. Al fondo de esa estampa mexiquense de la guerra de los mototaxis están los líderes máximos: Aquiles Córdova Morán y Dante Delgado.
Pero la reyerta fúnebre del miércoles no culminó en sí misma. Se extendió de una manera extraña, aparentemente ajena a una lógica política. El antorchismo, que sufrió la muerte de dos de sus militantes en Chicoloapan, fue mencionado con amplitud en las redes sociales como causante de un estado de zozobra creciente que acabó en terror social. Otras voces aseguraban que la embestida violenta tenía como protagonistas a miembros del grupo de delincuencia organizada denominado La Familia. E incluso hubo testimonios de quienes reportaban con extrañeza el que patrullas estatales hubieran recorrido zonas comerciales para alertar que “ya venían” hordas que atacarían establecimientos comerciales que por tanto deberían ser cerrados.
Tal como ha sucedido en otras latitudes, la información por internet tuvo registros polarizados: Desde quienes juraban estar en presencia de asaltos en vía pública, robos multitudinarios a negocios y comercios, balaceras y bandolerismo, hasta fuentes oficiales que aseguraban que nada estaba sucediendo, versión dada por buena en la mayoría de los medios electrónicos, sobre todo en los televisivos. Una vez más se trazó una distancia radical entre las percepciones difundidas a través de la red mundial y las posturas del oficialismo gubernamental y mediático, ganando las primeras, pues se le concedió mayor credibilidad a lo que en tumulto cibernético era reportado (entre imprecisiones, exageraciones e incluso, como ha pasado en otras ciudades, con el bombardeo intencional de tuiteros y feisbuqueros dedicados profesionalmente a generar intranquilidad y potenciarla).
Llama la atención, sin embargo, que tanto descontrol y abandono de responsabilidades gubernamentales en materia de seguridad pública se produzcan en una entidad que se ha esmerado en afinar su sistema represivo. No se hable solamente del caso extremo de San Salvador Atenco: Basta ver la manera en que la estructura policial mexiquense actúa diariamente para mantener bajo control al conglomerado de intereses, tensiones y riesgos de explosión que forman la textura social y económica de la entidad. También habrá de considerarse como un dato relevante el hecho de que el antorchismo pareciera tener frente a sí una etapa promisoria en cuanto están por tomar el poder federal dos de sus grandes aliados. Uno, más reciente, Enrique Peña Nieto; otro, casi fundacional, Carlos Salinas de Gortari (cuyo hermano Raúl fue ).
La violencia, pero sobre todo la instalación del rumor y la confusión como mecanismos promotores del miedo social ayudan a fin de cuentas a inhibir las manifestaciones públicas de oposición a los poderes constituidos. Inoculan el virus del temor paralizante, pero también crean condiciones para que la represión y los abusos parezcan “explicables” en un contexto convulso, depositando la carga de la presunta responsabilidad de acontecimientos “desafortunados” en el atrevido ciudadano que viendo las circunstancias no prefiere guardarse en su casa y guardar silencio para alcanzar cierta protección presunta.
Además de ayudar al freno de las movilizaciones físicas, el cultivo del terror colectivo también puede servir para desacreditar el libre flujo de ideas, opiniones e información en internet. Ya en el pionero Veracruz del rígido Javier Duarte se ofreció una probada de lo que al poder de tres colores le satisface: Cárcel y multas para quienes tuiteen lo que en las alturas pueda significar “perturbación social”. Frenado ese proyecto legislativo en su momento, ahora podría ser retomado a partir del desorden sembrado en esos espacios de comunicación internética en episodios como los del oriente del Estado de México y su colindancia con el Distrito Federal.
Y, mientras este domingo es respondida la pregunta lanzada por López Obrador, “¿Qué sigue?”, entre versiones fundadas de que la vista está puesta en la reactivación de Morena, con evidentes propósitos de reincidencia electoral prioritaria, y en un recorrido paralelo de lucha social contra la imposición peñanietista pero sobre todo contra los proyectos de PRI y PAN, en especial los relacionados con lo laboral y lo energético, ¡feliz fin de semana! (fin)
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