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| Sergio Aguayo Quezada |
En público el Estado mexicano gorjea su compromiso con la justicia; en el día a día demuestra lo poco que le importa la suerte de las víctimas pasadas, presentes o futuras.
Vicente Fox recibió millones de votos de la izquierda porque prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las cadenas de responsabilidades de las grandes violaciones del autoritarismo priista a los derechos humanos. Poco después de llegar a Los Pinos, Fox capituló y prefirió satisfacer la exigencia priista de impunidad. Concedió una amnistía de facto a los torturadores, buena parte terminó siendo una de las columnas vertebrales del crimen organizado.
Felipe Calderón desencadenó una guerra y se desentendió de las víctimas, contó para ello con la complicidad de su palero de terciopelo: la timorata Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El desdén y la indiferencia hicieron que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad organizara, con el apoyo de organismos civiles de Estados Unidos, una caravana terrestre por Norteamérica, que concluye este miércoles 12 de septiembre en Washington.
A reserva de elaborar un balance más amplio sobre los aprendizajes dejados por la caravana, su realización estaba plenamente avalada por la constatación de que nuestros gobernantes son incapaces de proteger a la población y a grupos vulnerables y porque Washington es impasible ante una tragedia humanitaria en su frontera sur. En Estados Unidos las víctimas y sus aliados han sembrado las semillas de lo que podría convertirse en un movimiento de solidaridad con la vida y la democracia mexicanas.
Vicente Fox recibió millones de votos de la izquierda porque prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las cadenas de responsabilidades de las grandes violaciones del autoritarismo priista a los derechos humanos. Poco después de llegar a Los Pinos, Fox capituló y prefirió satisfacer la exigencia priista de impunidad. Concedió una amnistía de facto a los torturadores, buena parte terminó siendo una de las columnas vertebrales del crimen organizado.
Felipe Calderón desencadenó una guerra y se desentendió de las víctimas, contó para ello con la complicidad de su palero de terciopelo: la timorata Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El desdén y la indiferencia hicieron que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad organizara, con el apoyo de organismos civiles de Estados Unidos, una caravana terrestre por Norteamérica, que concluye este miércoles 12 de septiembre en Washington.
A reserva de elaborar un balance más amplio sobre los aprendizajes dejados por la caravana, su realización estaba plenamente avalada por la constatación de que nuestros gobernantes son incapaces de proteger a la población y a grupos vulnerables y porque Washington es impasible ante una tragedia humanitaria en su frontera sur. En Estados Unidos las víctimas y sus aliados han sembrado las semillas de lo que podría convertirse en un movimiento de solidaridad con la vida y la democracia mexicanas.
¿Cuántas de las muertes o desapariciones que ahora se lloran hubieran podido evitarse si el gobierno de Calderón y la CNDH hubieran cumplido con su trabajo de proteger a quienes fueron amenazados? ¿Cuántos duelos nos hubiéramos ahorrado si Washington hubiera frenado el ilegal y masivo contrabando de armas a México?
La semana pasada el gobierno de Calderón lanzó una señal de lo poco que le importan las próximas víctimas. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Las amenazas y las intimidaciones son la norma en la mayor parte del territorio (en comparación con otras entidades la capital es una burbuja de paz).
Desde 2008 diversos organismos civiles solicitaron al gobierno de Calderón y a la CNDH que tomaran medidas acordes a la magnitud del riesgo. Cuatro años después siguen instalados en la pasividad justificándose con un burocratismo que les sirve para encubrir su falta de voluntad. Quien mejor encarna esos vicios públicos es la tamaulipeca Omeheira López Reyna, una funcionaria de Gobernación que ha sido notablemente exitosa en el bloqueo de las medidas de protección. Siempre tiene excusas o ausencias.
El pasado viernes 7 de septiembre se perpetró, sin su presencia, la última tropelía. Ese día finalmente debía culminar la aprobación del método de integración del Primer Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (la extensión en nombres les sirve para tapar su ineptitud). Gobernación no quiso informar sobre los criterios con los que habían seleccionado a las organizaciones participantes, algunas de las cuales se comportaban como acarreadas dispuestas a votar todo lo que el gobierno propusiera; no lograron que funcionara adecuadamente el equipo electrónico, lo que impidió la participación de organismos de otros estados; aunado a que el visitador de la CNDH Fernando Batista, moderador de la reunión, tuvo un comportamiento pusilánime y errático. Los organismos que se han distinguido por su seriedad y compromiso -entre ellos Tlachinollan, Artículo 19 y Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos- abandonaron la sesión indignados por lo que ahí sucedió.
Pronto se cumplirán seis años de que Calderón declaró una guerra que ha incendiado una extensión importante de México. Buena parte de la comunidad internacional y nacional constantemente reprueban la incapacidad gubernamental para proteger a la población, a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos amenazados en su mayor parte por funcionarios que actúan al amparo de la impunidad. El país ya tiene una Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero es letra muerta porque los funcionarios que debían aplicarla odian a los organismos civiles que les exigen congruencia y eficiencia.
Mientras que en Washington y el Distrito Federal se protesta, el Presidente, su secretario de Gobernación, la siempre solícita CNDH y el coro de voceros oficiosos afinan sus cuerdas bucales para entonar las melodías con las cuales, según ellos, demuestran su dolor por el sufrimiento de las víctimas de ayer, hoy y mañana. Qué triste y decepcionante es tener un gobierno de jilgueros.
Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada
Colaboró Delia Sánchez del Ángel.
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