Tres marchas en el Distrito Federal desquiciaron el tráfico en varias zonas de la capital durante la mañana del lunes. El martes, desde las seis, el dirigente de la izquierda social, Gerardo Fernández Noroña organizó un plantón en el Senado para presionar en contra de la reforma laboral que se votaba ese día. El fin de semana anterior, los maestros ratificaron como su líder a Elba Esther Gordillo, y los petroleros a Carlos Romero Deschamps. Todos gritaron y protestaron por todo, desde aquellos en las posiciones para defender sus intereses, hasta aquellos que meramente proyectaron sus ansiedades y frustraciones. La sociedad política, como en todos los temas, mostró su fractura. No hay consenso sobre nada. Se paraliza efímeramente la vida pública, y al día siguiente, todo vuelve a caminar.
El fenómeno tiene que ver con la gobernabilidad, que establece la estabilidad institucional y política a partir de la continuidad de las reglas y las normas. El dilema que enfrenta el cuerpo político mexicano es que para garantizar la gobernabilidad, hay que sacrificar a segmentos de la sociedad que tienen que soportar, por ejemplo, cacicazgos sindicales, o alteraciones en sus patrones de comportamiento y su eficiencia, además de su libertad de tránsito, ante tantos estrangulamientos viales. Un gobernador de un estado problemático, dice que casi nunca se puede tomar la mejor decisión, sino que se tiene que ir a la menos mala para el mayor número de personas. Parece un contrasentido, pero no lo es.
El caso más claro en el último mes es el conflicto normalista en Michoacán, que sigue escalando y varias veces ha paralizado al estado en los últimos días. El gobernador Fausto Vallejo intentó resolverlo mediante la aplicación pura del Estado de Derecho. Es decir, de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades, mandó a la policía a recuperar las normales y a detener a 176 personas. Impecable la acción de fuerza pero, ¿qué sucedió después? El conflicto escaló. La disidencia magisterial se unió a los normalistas en Oaxaca y Tlaxcala, la izquierda —que fue despojada del poder en ese estado— se colocó del lado de los reprimidos y grupo radicales como el EPR, entraron abiertamente al conflicto y enviaron cuadros para, como en Oaxaca en 2005, posiblemente ayudar en la rebelión callejera. Lo que originalmente era un problema acotado a tres comunidades, se volvió estatal y nacional.
¿Qué hizo Vallejo o que no hizo? La decisión de aplicar la ley de manera directa sin analizar las variables sociales y políticas del problema, convirtió su enérgica decisión original, en una fallida. El gobernador buscó recuperar la gobernabilidad en Michoacán y provocó el efecto contrario. La solución de fuerza debió haber sido también política. Por la acción de policial lo presionó al presidente Felipe Calderón a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quienes hoy la han abandonado casi a su suerte. En términos ya retóricos—porque no se puede probar—, pero aplicado teórica y prácticamente, Vallejo tendría que haber establecido primero una vía de negociación paralela con los líderes normalistas, para que la detención de 176 personas fuera una puerta para los acuerdos, no un fin que alimentó el conflicto. Asimismo, debió haber soltado a la gran mayoría de ellos el mismo día de la detención, bajo advertencia en caso de reincidir, y no hacer lo mismo días después, convertidos una vez en víctimas, sin ningún raje político en su beneficio.
Si Vallejo aplica la norma de su colega gobernador de la decisión menos mala para beneficio de todos, es probable que la situación en Michoacán no estuviera en el umbral del desbordamiento. El conflicto con los normalistas, paradójicamente, contribuyó a que la reelección de la maestra Gordillo y Romero Deschamps ocurriera sin mayor protesta en las élites políticas. Ambos líderes son el mal menor. En sus dos décadas de estar al frente de sus sindicatos, han jugado pelota dura con las autoridades para sacar privilegios y posiciones en sus negociaciones, pero nunca han sacado a sus agremiados a las calles para presionar al gobierno. La mala fama pública que tienen, las concesiones políticas y económicas y los altos costos de la negociación sindical, en este contexto, son menores que los beneficios. Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político por antonomasia, decía que “con dinero todo sale más barato”.
Tenía razón Gutiérrez Barrios. Visto a través de la República de las Opiniones y la gente que participa en las redes sociales, la reelección de los líderes sindicales fue un retroceso de la democracia, y la falta de acción de la policía en la ciudad de México para impedir las marchas y romper plantones, tiene que ver con la debilidad de la autoridad de Marcelo Ebrard, mientras que la acción de Vallejo recibió todo tipo de elogios. Pero la gobernabilidad no se mide en acciones sino en resultados. Bajo esa óptica, Vallejo provocó la ingobernabilidad por las mejores razones, mientras que la tolerancia para los menos, que parece algo profundamente antidemocrático, al final benefició a los más y permitió que las reglas y las normas, la estabilidad y las instituciones prevalecieran al final del camino, con inconformidades y descontentos que fueron efímeros.
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