jueves, 1 de noviembre de 2012

Afonso Zárate - Comunidades en armas

Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto/ y pos no sabemos dónde andará la justicia,/ queremos aquí tomar providencias./ […] Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano.

—Edmundo Valadés, 

“La Muerte tiene Permiso”

Una de las expresiones más rotundas del fracaso gubernamental en materia de seguridad es el desamparo que viven las comunidades de muchos municipios ante la impunidad con la que operan bandas criminales que extorsionan, secuestran, asesinan…

Las autoridades de incontables pueblos y ciudades están sometidas por el miedo, la impotencia, la corrupción o una mezcla de las tres. En los últimos seis años han sido asesinados 31 presidentes municipales (20 del PRI, ocho del PRD y tres del PAN) y alrededor de 150 están amenazados. Hace unas semanas, por ejemplo, se subió a YouTube un video que muestra a Ignacio de Jesús Valladares Salgado, alcalde de Teloloapan, Guerrero, en el momento en que es obligado a pactar con representantes de La Familia Michoacana.




Todos los días aparecen testimonios de la colusión de policías municipales con el crimen organizado (traficantes de droga, talamontes, tratantes de blancas, etcétera). Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de Acuña, en Coahuila, donde policías habrían entregado al joven José Eduardo Moreira a sus asesinos.

Las condiciones tan adversas de muchos policías municipales los hacen presa fácil de la delincuencia, que los compra o los intimida. De ahí que no sea extraño que los agentes del orden estén en la nómina de los delincuentes. Así, la autoridad más próxima al pueblo se doblega ante la agresividad de las bandas criminales. En Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Chihuahua se ubican las comunidades más vulnerables.

Mientras las autoridades dan “palos de ciego”, varias comunidades indígenas de Guerrero (en La Montaña y la Costa Chica) y Michoacán (Cherán y Ostula) han optado por la autodefensa. Ante las agresiones de caciques, talamontes y narcotraficantes, y dada la ineptitud, el abandono o la complicidad de autoridades estatales, han establecido policías comunitarias.

La autodefensa es la respuesta última ante la indiferencia o la ineptitud gubernamental. Después de años de denunciar los secuestros, homicidios, violaciones a sus mujeres, sin lograr una respuesta, decidieron cuidarse a sí mismos. Hace apenas cuatro meses, el 13 y 14 de junio pasado, se promulgó el llamado Manifiesto de Ostula que declara el derecho a la autodefensa indígena.

No es una buena noticia la decisión de estas comunidades de armarse y, en algunos casos, establecer barricadas para impedir que los criminales se conviertan en dueños de sus tierras y bosques o que recluten a sus jóvenes para negocios ilícitos, porque se incrementan los riesgos de violencia en un escenario caracterizado por los conflictos intercomunitarios, agrarios, religiosos o étnicos.

Más allá de la autodefensa frente a los criminales (distintas comunidades de la meseta purépecha sufren, desde hace años, el acoso de La Familia y Los Caballeros Templarios), la organización comunitaria se propone también impedir algunos proyectos carreteros, de desarrollo turístico o mineros que, según sostienen, amenazan sus territorios.

Uno de los más serios estudiosos de la seguridad, Ernesto López Portillo, advierte que la estrategia del gobierno federal caminó a contracorriente de la tendencia mundial según la cual “la seguridad se construye desde lo local”. Esto es, que mientras se fortalece una corporación necesaria como la Policía Federal —proyecto postergado por años—, el eslabón más débil del sistema de seguridad sigue sin encontrar respuestas satisfactorias. Porque, en el mediano y largo plazos, el mando único de policías estatales no resuelve la interrogante: cómo reformar, crear o refundar organismos de seguridad que respondan a las necesidades de la población en la esfera de gobierno más cercana a la ciudadanía.

La nueva administración tendrá que enfrentar el reto e impulsar el fortalecimiento de las autoridades municipales; diseñar políticas públicas que permitan revertir los profundos desarreglos sociales que viven en las comunidades y que constituyen tierra fértil para los intereses de las bandas delincuenciales.

@alfonsozarate
Leído en http://www.vanguardia.com.mx/comunidadesenarmas-1408537-columna.html


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