MÉXICO, D.F. (Proceso)- Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente constitucional en circunstancias muy distintas a las que prevalecieron hace seis años, lo cual denota cambios de forma y de fondo en la relación entre las fuerzas políticas del país y en la manera de ejercer el poder presidencial, que tendrán consecuencias en el abrupto camino de México hacia una democracia de calidad.
Esta vez la inconformidad del candidato que obtuvo el segundo lugar en las elecciones se expresó de manera pacífica fuera del recinto parlamentario. Los responsables de los actos vandálicos y de excesos de autoridad deben ser investigados y sancionados. Dentro de la Cámara de Diputados, las manifestaciones de protesta por las irregularidades del proceso electoral no impidieron que la ceremonia de toma de posesión se diera con normalidad y, sobre todo, sin violencia. Ello fue resultado de la negociación política que, al parecer, definirá la relación entre gobierno y partidos durante el presente sexenio.
La naturaleza del PRI no ha cambiado, menos aún su destreza para metamorfosearse. El presidente y su partido impulsan las reformas que obstaculizaron como oposición en el Congreso, y proponen normas que violan en el ejercicio del poder. Si bien ha perdido la hegemonía, el gen autoritario priista aún no se ha extinguido; por el contrario, ha contagiado al maltrecho cuerpo político del país. El supuesto cambio generacional tampoco ha implicado la desaparición de los usos y costumbres del pleistoceno tricolor. Como lo ejemplifica Dorian Gray, un rostro joven puede ocultar un alma decrépita. Peña Nieto ha optado por un gabinete que, en promedio, ronda la tercera edad y en el cual predomina el ascendiente de dos reputadas camarillas: Atlacomulco y Salinas. (Proceso 1883, página 22.)
El novel mandatario se ha autodefinido como un “pragmático”, a pesar de que ese concepto tiene mala fama al asociársele con el tradicional oportunismo del PRI. Seguramente lo hace para dar una imagen de modernidad, así como para deslindarse de quienes se oponen a las reformas energética y fiscal, dentro y fuera de su partido. Existe también una connotación positiva del pragmatismo, vinculada a la ética de responsabilidad weberiana, que prioriza los efectos favorables de las decisiones y acuerdos políticos, por encima de dogmas inamovibles. El Pacto por México podría representar un paso importante en esa dirección. Sin embargo, ello exige condiciones ineludibles, hasta ahora ausentes en la política nacional: principios y prácticas de moral pública que eviten el arribismo y la corrupción propios del pragmatismo rapaz vigente.
Si la paradoja es el ámbito natural de la política, la simulación y la corrupción –la máscara y el botín– son marcas distintivas del ejercicio gubernamental en México. Por ello, frente a las celebraciones prematuras, es conveniente mantener una cautela crítica. Ni juicios sumarios ni optimismo servil. Estamos frente a un nuevo fenómeno político en el que se mezclan elementos de avance democrático con fuertes resabios e inercias autoritarios. No es razonable pensar que esos estigmas puedan desaparecer con la cirugía plástica de un discurso o un pacto; conocemos bien la vacuidad y ligereza verbal de nuestros políticos, así como el carácter efímero y codicioso de los acuerdos entre ellos. Calma, aún no hemos llegado a Utopía.
En estas tierras, en este momento, el pluralismo y el equilibrio de poderes no son garantía de auténtica gobernabilidad democrática. A pesar de carecer de mayoría en ambas cámaras, el PRI regresa al poder con mayor fortaleza y colmillo que los mostrados por los panistas en 2000 y 2006. Además, y esto es central, tanto el PAN como el PRD están envueltos en profundas crisis de identidad, aunadas a virulentas luchas intestinas. Ello los convierte en presas fáciles y vulnerables frente a los tentáculos del pulpo priista.
Si de alguna renovación puede presumir el PRI es de su capacidad de cooptación ante la nueva coyuntura política e institucional del país. Evidencia palpable de ello fue el sometimiento de las autoridades electorales para eximir de toda responsabilidad al candidato tricolor de las patentes irregularidades del proceso comicial, las cuales no deben borrarse de la memoria pública. Sirvan de recordatorio el proyecto de resolución del IFE sobre el deplorable espectáculo de Monex y Soriana, así como el premio “La Mujer del Año” recibido por la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, de manos del presidente constitucional. Un primer reconocimiento a sus buenos oficios para exonerarlo de flagrantes violaciones a los artículos 41 y 132 constitucionales. Complicidad obliga.
Dicho esto, es necesario reconocer los indudables aciertos contenidos en el Pacto por México firmado por el presidente Peña Nieto y por los líderes del PRI, PRD y PAN. Poderes fácticos, monopolios, telecomunicaciones, educación, pobreza, derechos humanos, salud, indígenas, crecimiento económico y productividad, crédito, impuestos, cambio climático, energía y petróleo, minería, transparencia, corrupción y ética pública, seguridad, gobernabilidad democrática, gobiernos de coalición, ley de partidos, son algunos de los temas contenidos en el pacto.
Cada uno de los cinco acuerdos, desglosados en 95 compromisos, merecen un análisis a fondo para valorar su viabilidad y conveniencia, alcances y riesgos, así como para evitar desviaciones, engaños o que simplemente permanezcan como un listado de buenas intenciones que inicien el sexenio a tambor batiente y que paulatinamente vayan quedando en letra muerta, como lo han estado muchos de ellos desde tiempos remotos. Abordaré varios de esos asuntos en próximas entregas. Con una reserva no exenta de esperanza, saludo la civilidad y la negociación política en beneficio del desarrollo económico, social y democrático del país, manifestando al mismo tiempo un rechazo total a la simulación, la corrupción y la demagogia reinantes.
La llegada de Peña Nieto al poder es un hecho consumado, pero su gobierno apenas comienza.
Leído en http://www.proceso.com.mx/?p=327496
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