Será cuestión de dos a tres semanas para que recuperemos el punto y votemos la ley, me dijo la caliente tarde del miércoles 21 de agosto (cuando los maestros sitiaron San Lázaro y los diputados del PRI aceptaron retirar la Ley General del Servicio Profesional Docente, la que norma la evaluación de los profesores, busca mejorar la calidad y sancionar a quienes reprueben) el líder de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Ojalá, le dije. Ojalá y lo que presenciamos sea solo un hábil ejercicio para despresurizar las cosas y no una claudicación ante la violencia, lo artero.
Al cierre de esta edición, todo apuntaba para que así fuera. Para que una mayoría amplia de diputados del PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza (cerca de 75 por ciento de los votos) aprobara dicha Ley, con un adéndum que reforzaría los derechos laborales de los maestros (por cierto, tal como lo peleaba Elba Esther Gordillo).
Sería un triunfo de la política sobre lo artero. Es bien sabido lo que los maestros hicieron de aquel 21 de agosto a la fecha. Sin embargo, lejos de empequeñecerse, los diputados habrían hecho uso de sus facultades y sacado adelante el néctar, el corazón de la reforma educativa. Así piensan que deben ser las cosas, tienen mayoría, legislan, independientemente de las presiones en la calle. La dura marcha de una democracia.
Nuevo triunfo, también, para Beltrones, el único que en la tempestad se atrevió a ponerle plazo a su palabra. Dos o tres semanas. Es decir, a más tardar el miércoles 11 de septiembre.
La Ley General del Servicio Profesional Docente se habría votado la madrugada del día 2. Palabra cumplida. Se registra.
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