Hoy vemos cómo las autoridades federales y defeñas no actúan contra miles de maestros que han ocupado el Zócalo de la Ciudad de México y bloqueado amplias zonas de la capital del país. Su causa, para la mayoría de los mexicanos, es absurda, y pese a que la opinión pública exige que sean reprimidos por las fuerzas del orden, éstas no hacen nada para evitar que los docentes que se oponen a la Reforma Educativa dañen propiedades públicas y privadas, causen pérdidas multimillonarias a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y ocasionen una caída en los ingresos de quienes viven honestamente de su trabajo. Estos docentes abandonaron sus trabajos ilegalmente y no sólo no han sido despedidos, como lo ordena la ley, sino que siguen cobrando sus sueldos que dócilmente les pagan las autoridades educativas de los estados donde supuestamente laboran. Dirigidos por sus líderes, estos educadores que rechazan el cambio actúan con absoluta impunidad. Saben que nadie los castigará por sus actos ilegales en vista de que son muchos, unos 20,000 según sus líderes.
¿Pero qué sucede cuando el número de manifestantes no pasa de ser una centena? Contra éstos, nuestros gobernantes son implacables. Los reprimen a toletazos, los arrestan y consignan ante algún juez acusados de varios delitos. Aquí sí se ve que hay autoridad. A fin de cuentas, ¿qué son cien o 200 mexicanos que protestan contra algo que a muy pocos les importa?
Por ejemplo, el 30 de marzo de 2004, la policía del Distrito Federal que entonces comandaba Marcelo Ebrard dispersó a golpes a un grupo de trabajadores encargados de montar los anuncios espectaculares en Periférico que se manifestaban pacíficamente frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo único que pedían estas personas es que fueran ellos y no trabajadores del gobierno defeño quienes desmontaran los anuncios que estaban colocados ilegal o irregularmente sobre el Anillo Periférico. Ese día, sólo por defender su fuente de trabajo, estos manifestantes fueron reprimidos a toletazos por los policías de Ebrard. 35 de ellos resultaron heridos después de que el hoy defensor de los maestros inconformes violara su derecho de manifestación.
Muy pocos se enteraron del autoritarismo con que ese día actuó Ebrard. Después de todo, los manifestantes eran pocos y defendían una causa que si bien era justa no era del interés de la mayoría de los mexicanos.
Otro caso de que los números cuentan cuando de manifestarse se trata se dio ayer en Cancún, Quintana Roo, cuando la policía del municipio que gobierna el perredista Julián Ricalde Magaña reprimió a golpes a unos vecinos de la Supermanzana 30 que protestaban pacíficamente contra la construcción de una iglesia sobre un parque público que sin mayor explicación le fue otorgado a la Prelatura de Cancún por la entonces presidenta municipal priísta Magaly Achach, quien gobernó de 1999 a 2002.
Así es que ya lo sabes estimado lector, si en cualquier lugar de este país piensas protestar públicamente contra algún acto de gobierno que te parezca injusto o arbitrario, más vale que te reúnas con por los menos otros 500 manifestantes. Tal vez así las autoridades la piensen dos veces antes de reprimirte con violencia. Si juntas a miles lo más probable es que la policía verá tranquilamente cómo te manifiestas y, muy probablemente, cómo violas varias leyes sin el menor problema.
Recuerda que, a fin de cuentas, cuando de manifestarse públicamente se trata, todo se reduce a la fuerza de los números y no a la de los argumentos.
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Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=189168
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