Pero la predominancia que el movimiento tenía hace apenas unos días en las notas informativas en prensa, radio y televisión quedó en segundo término por los catastróficos acontecimientos que tienen inundadas a un sinnúmero de poblaciones del país. Más de un tercio de la población atraviesa por circunstancias críticas que ponen en riesgo su supervivencia, y en dichas circunstancias es obligación del Estado garantizar el rescate y apoyo de los pobladores afectados, sin disminuir el ritmo de los esfuerzos para detonar el despegue de la economía nacional.
Este barco debe mantener su curso y el ritmo de las transformaciones, sin que sea en detrimento de los esfuerzos de rescate de un tercio de los pasajeros. De lo contrario, no habrá futuro ni para ellos ni para el resto de la población. Y pese a que unos cuantos apuestan por la desestabilización social, mediante la que -según ellos- se podrán hacer del poder para entonces ejercerlo de forma autoritaria con políticas populistas, que no conseguirían más que hundir definitivamente al país, la inmensa mayoría trabaja por subsistir, en tanto que a quienes toca analizan, debaten y deciden respecto a las directrices que permitirán llevar a todos a salvo y a buen puerto.
Tengamos en cuenta que además de las leyes secundarias en materia de educación, en las últimas semanas se han definido temas de gran trascendencia para el futuro nacional o están iniciando su tránsito dentro del Congreso. Así, aprobada por la Cámara de Diputados, la reforma financiera ya fue turnada al Senado para su discusión. Las reformas hacendarias y el paquete fiscal ya fueron presentados a la Cámara Baja. El PAN y el PRD ya bajaron sus cartas en cuanto a sus propuestas de reforma energética, en tanto que el Ejecutivo apenas señalizó los extremos a los que puede llegar la legislación secundaria, al proponer una iniciativa de reformas constitucionales que excluye al sector de hidrocarburos de la lista de funciones que el Estado debe desarrollar en forma exclusiva, como área estratégica; sin revelar cuáles son sus planes respecto a la legislación secundaria que le sigue, y que pudiera hasta incluir la privatización de Petróleos Mexicanos, o la venta de sus activos o de partes de la empresa. Pero en el entorno del Pacto por México, la apertura al debate de la reforma energética, al igual que la fiscal, está condicionada al debate y aprobación de la reforma político-electoral.
Así las cosas, también hay diluvio de reformas trascendentales para ser resueltas en los próximos tres meses, sin contar con las leyes secundarias de competencia económica y de telecomunicaciones y radiodifusión, que conforme a la reforma constitucional deberán ser aprobadas dentro de ese mismo plazo, pero cuyos efectos deberían haber empezado a rendir frutos en la medida en que conforme a la citada reforma, a partir de la integración del pleno del Ifetel, algunas obligaciones y derechos son exigibles.
De conformidad con ello, al día siguiente de la toma de protesta de los comisionados de ese Instituto el 10 de septiembre pasado, la empresa de televisión de paga Dish México -la segunda mayor de televisión satelital del país después de Sky, propiedad de Televisa- inició la retransmisión de los canales de televisión abierta, tal y como lo determina el artículo octavo transitorio de la reforma. Pero precavida, desde agosto Televisa solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal una medida cautelar para detener a Dish México.
Cualquiera pensaría que tal Tribunal se apegaría a lo establecido por la reforma, por lo menos para no pasar vergüenzas; pero no, pesó más Televisa que su dignidad, y la medida cautelar fue resuelta prohibiendo a Dish que publicitara la oferta de televisión abierta, o que subiera la señal hasta que el Ifetel interviniera y lo autorizara. ¿Pero tratándose de Televisa a alguien sorprende? Una vez más queda demostrado que en México el verdadero poder es Televisa. Pero y a todo esto, ¿dónde está el Ifetel?
Fuente Reforma
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