MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El abogado e ingeniero John Leee Ward, de origen estadunidense, ahora radicado en Córdoba, Veracruz, es un claro ejemplo de cómo en nuestro país se sanciona a quien buscar ayudar a los más desprotegidos. Es la justicia al revés. Veamos por qué afirmo lo anterior.
Primero. Lee Ward tuvo la iniciativa de solicitar la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas que es información pública. El problema que había ahí es que cualquier ciudadano debía seguir un complicado trámite y pagar 283 pesos y esperar 10 días hábiles; es decir medio mes. El IFAI el 20 de octubre del 2010 en el expediente 4712/10 dispuso que se le daba un tiempo a la SEP para que esa base de datos fuera pública y cualquier persona pudiera saber al instante si quien se ostenta como profesionista efectivamente lo es.
¿Cuántos personas se hacen pasar como médicos sin serlo? ¿Cuántos abogados, jueces y funcionarios de procuración de justicia en realidad tienen cédula profesional? ¿Cuántos ingenieros civiles y arquitectos a cargo de obras que pueden poner en riesgo a la sociedad si no son lo que dicen ser hay? ¿Cuántos químicos farmacobiólogos que aseguran la calidad de las medicinas que se venden en las farmacias en realidad cuentan con los conocimientos certificados? Como se puede ver contar con esa información permite al ciudadano de a pie protegerse con la información adecuada para la defensa de la salud, de la integridad y de la calidad de los profesores de sus hijos. Se trata sin ir más lejos de un tema de clarísimo interés público que beneficia a la sociedad porque todos, mujeres, hombres, ricos, pobres, necesitamos en algún momento esa información. La SEP cumplió y seis meses después por primera vez en la historia México pudo tener acceso para saber quién es quién en este delicado tema.
Segundo. El Mtro. Lee Ward no sólo tuvo una iniciativa que derivó en un gran beneficio para el país, sino que bajó la base de datos completa (como yo y muchos otros lo hicimos) que se puso a disposición de todos en www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. John Lee Ward no quedó con esa acción que por sí misma es agradecible y tremendamente útil desde la perspectiva social, sino que mejoró la amigabilidad de la base de datos- por supuesto sin cambiar la información fuente que es pública- pero para darle más opciones de búsqueda para beneficio de todos en su página. www.buholegal.com, lo hizo además sin fines de lucro, por lo que su consulta es totalmente gratuita. Cualquier persona con un mínimo de sentido común pensaría que todo lo que hace Lee Ward merecería un reconocimiento por innovación tecnológica y por su compromiso con su país adoptivo. Pero no. La SEP presentó una denuncia penal contra John Lee Ward y se generó la averiguación previa AP/PGR/VER/COR/II/236/2013 acusado de ¡mejorar el sistema de búsqueda de los datos públicos contenido en la base de datos de la SEP!. En lugar de que la SEP mejore la amigabilidad de su sistema informático denuncia a quien no gana absolutamente nada pecuniario, sino que, por el contrario, busca ayudar a la sociedad. Confieso que me da rabia que se penalice a quien hace las cosas bien y quieren que sean mejor sin ganar nada a cambio, más que la satisfacción que ni tiene precio de ayudar y contribuir con sus semejantes. No creo que el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet a quien le tengo un respeto por su calidad profesional y probidad ética porque fue colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sepa esto. Pero el Mtro. Enrique Díaz Palacios, Representante Legal de la SEP y Adriana López Barbosa, Titular de Asuntos Jurídicos, quienes pertenecen a ligas menores que las de Chuayffet y quieren meter a la SEP y al Secretario en una batalla pérdida con muchos costos políticos a petición de Marianita Asunción Yam Ortegón, quien amenazó a Lee Ward de que se iba a hacer eso por sus relaciones con la SEP. Sobra decir que la denuncia de hechos no tiene asidero legal alguno. No debemos como sociedad permitir este atropello porque no sólo es en perjuicio de Lee Ward sino de la sociedad en su conjunto.
Tercero. Por si lo anterior no fuera suficiente el IFAI lo quiere multar por supuestamente no respetar los derechos ARCO; es decir de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Parece un problema de psiquiatría, por un lado, el IFAI ordena liberar la información a la SEP y, por otro, la misma información que es de interés público la pretende suprimir por tratarse de un particular como si la información pública básica no sirviera para la toma de decisiones de la sociedad. Mañana el IFAI va a pretender con esa postura regresiva cerrar los registros públicos, el de propiedad, el de comercio, el registro civil etcétera porque alguien mejore los sistemas de búsqueda. Y así va a seguir, a Proceso, a los medios les va a pedir que se respeten los derechos ARCO como un mecanismo de censura de temas de interés público. El problema del IFAI es la ignorancia, abrir frentes, demostrar que no puede manejar con la mano izquierda la apertura y con la derecha la opacidad y el acoso a la libertad de información. Así, gobernantes corruptos van a ejercer sus derechos ARCO como mecanismo para evitar el escrutinio en los medios de comunicación. Es pues la justicia al revés. En lugar de ponderar derechos, observar las mejores prácticas internacionales y atender al principio de datos abiertos, el peso de la ignorancia pone de relevancia que el IFAI se puede convertir en el peor de los mundos: le pagamos todos para que sepamos menos y se fomente así la corrupción, la impunidad y se cercene la libertad constitucional de informar de los medios de comunicación.
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@evillanuevamx
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