Autonomía. Los 32 institutos locales viven realidades muy diferentes, pero aceptando sin conceder -como dicen los abogados- que todos ellos estén subordinados a la voluntad de los gobernadores, ¿desaparecerlos es la mejor receta? Parece que el diagnóstico no reclama el tratamiento dictaminado. Si lo que tenemos es un déficit de autonomía, lo que habría que hacer es fortalecer a la misma, no desaparecer a los institutos. Me alegra que los reformadores no sean médicos. Los imagino viendo llegar a un paciente con el brazo luxado y recetando una amputación.
Ahorro. No conozco un solo estudio que pruebe la tesis que con la operación se lograrán ahorros considerables. El sentido común diría que sí, pero ya sabemos (o deberíamos saber) que en la vida no todo se resuelve con sentido común. Un solo ejemplo: la estructura del IFE sigue puntualmente la lógica de las elecciones federales: 300 juntas y consejos distritales federales, 32 estatales y una junta y un Consejo General nacional. Quiero imaginar que ahora el INE -si quiere mantener los estándares del IFE- tendrá que crear además juntas y consejos municipales (2 mil y tantos) y juntas y consejos distritales locales (691, en los que se eligen los diputados a los Congresos locales). ¿Cuánto costará eso? Porque espero que los integrantes de las juntas respectivas pasen a formar parte del sistema profesional electoral, es decir, del servicio civil de carrera.
Ahora bien, existen otras dimensiones.
Federalismo. Somos, porque parece que se olvida, una República Federal. Y uno de los derechos fundamentales de las entidades que integran el país es el de contar con órganos propios capaces de realizar las elecciones de sus autoridades. ¿O no? Cierto, la inmensa mayoría de las instituciones federales son más profesionales y eficientes que sus similares locales, ¿pero esa constatación debe llevar a abolir la trama de instituciones estatales? ¿Si los Congresos locales, el Poder Judicial, las comisiones de derechos humanos, los institutos de transparencia, etcétera, han perdido independencia a manos de sus respectivos gobernadores los vamos a suprimir? ¿O es mejor fortalecerlos?
Resultados. Si a los sistemas electorales se les mide por sus resultados, los que hoy arroja el sistema descentralizado electoral no son malos. En 23 entidades del país se han producido fenómenos de alternancia en las gubernaturas, el mundo de los gobiernos municipales está habitando por siete partidos diferentes y lejos estamos de aquel 1977 cuando solo 4 municipios eran gobernados por fuerzas distintas al PRI. Si nos asomamos a los Congresos locales veremos que son el hábitat natural donde se reproduce nuestra pluralidad política.
Cercanía. Una de las ventajas del federalismo electoral es la cercanía de las autoridades en relación a la vida política de la entidad. Es de suponer que conocen mejor no solo la situación sino a los actores que participan en el reparto. Ahora un conflicto local es local, mañana será nacional.
Diferencias regionales. El país es un mosaico de realidades diferentes. Es parte de su riqueza y también de su complejidad. En materia electoral existen normas y procedimientos diferentes que son producto de tradiciones igualmente distintas. Un ejemplo: en Oaxaca más de 400 ayuntamientos son electos a través del método de usos y costumbres. Imagino que el INE será el encargado ahora de administrar también dichas fórmulas. “¿Pero qué necesidad?”, canta el clásico Juan Gabriel.
Ahora bien, si de todas formas se crea el INE, se me ocurren dos prevenciones:
No hacerlo juez. El nuevo Instituto que surja de la transformación del IFE debería dedicarse básicamente a la organización de las elecciones, a la administración de los tiempos de radio y televisión de los partidos, a la fiscalización de sus recursos, etcétera, pero no debe ser juez de los litigios entre partidos. Para eso se ha construido un Tribunal. Ya se sabe, en el IFE (INE) no hay magistrados en el Tribunal sí; en el IFE (INE) están sentados a la mesa los representantes de los partidos, en el Tribunal no; y si a ello le sumamos que todas las resoluciones en esa materia acaban en el Tribunal, lo mejor es convertirlo desde el inicio (ya que tiene salas regionales y una sala central), en la instancia encargada de resolver los contenciosos electorales.
Definitividad. La ley dice que los actos y etapas del proceso electoral son definitivos. Hay que subrayar esa pertinente y lógica disposición.
Pero por supuesto, la última palabra la tienen los legisladores.
Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=198274
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