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Con independencia de cuál sea el contenido que al final vaya a tener la reforma fiscal, lo que es seguro es que acabamos de desperdiciar una gran oportunidad para hacer una transformación de fondo no solamente al sistema tributario del país, sino a la configuración completa del Estado mexicano.
Es probable que el enconamiento del movimiento magisterial le haya quitado bríos al gobierno de Enrique Peña Nieto para presentar una iniciativa de reforma fiscal más completa. Es posible que se haya tenido temor a las reacciones frente al planteamiento de un IVA generalizado, cuando se tenía a un movimiento de miles de “maestros” afectando a la capital de la República y planteando un reto formidable en términos de seguridad pública.
Pero a partir de ahí, lo que queda es un esquema fiscal sumamente fragmentado, que sigue descansando en cobrarle más a las personas que trabajan dentro de la economía formal y que están “cautivas”, es decir sujetas a descuentos prácticamente automáticos de sus impuestos.
Cuando se rechaza la posibilidad de crear tributos generales (como es el IVA, siempre que se aplica de forma pareja a toda forma de consumo), lo que queda es gravar productos o servicios en lo particular, y entonces comienzan las reacciones en contra que hemos atestiguado en los días recientes.
Por ejemplo, la industria refresquera se queja de que se le cobre un poco más por cada litro de bebidas azucaradas que se venda, con la excusa de que así se combate la obesidad. Los que tienen mascotas se niegan a pagar el IVA por los alimentos que les dan. Los que viven en la frontera se niegan a ser equiparados con los demás mexicanos que pagamos un IVA del 16%, y así hasta el infinito.
Cada sector afectado lo percibe como un agravio casi personal y directo, que se resiente porque a los vecinos no se les carga tanto la mano.
Por otro lado, se aumenta la carga tributaria de las personas físicas (solamente de las que trabajan en la economía formal, no de las que están en la ilegalidad, conviene no olvidarlo y repetirlo cuantas veces haga falta), pero no la de las empresas.
De esa forma, se manda un mensaje muy peligroso en el sentido de que vale la pena trabajar usando dinero en efectivo y no declarando ingresos. No es el mejor mensaje que puede enviar un gobierno que quiere construir un régimen fiscal más justo y más fuerte, ciertamente.
Por si lo anterior fuera poco, la reforma fiscal afecta mayormente a la clase media, que ya de por sí tiene enormes dificultades para salir adelante pagando en muchos casos una hipoteca, colegiaturas en escuelas privadas (dada la pésima calidad de algunas escuelas públicas), la mensualidad de un vehículo (dada la pésima red de transporte público que tienen algunas ciudades del país, casi todas), seguros médicos privados (dada la pésima calidad de la asistencia sanitaria que ofrece el Estado), etcétera.
Es decir, se les carga la mano a quienes realmente hacen crecer la economía y se esfuerzan enormemente para salir adelante. Pero a quienes trabajan en la absoluta ilegalidad no se les toca por el lado por el que podrían ser agarrados: el del consumo. No parece ser muy justo.
Tampoco se entiende (otra incongruencia de parte de nuestros legisladores) que haya tanta prisa en aprobar la reforma fiscal para seguir exprimiendo a la clase media mexicana, pero que no exista la misma premura para aprobar la reforma constitucional que reforzaría la transparencia del sector público y nos permitiría estar más y mejor informados de la forma en que se gasta el dinero de nuestros impuestos, así como tampoco parece haber prisa en aprobar la reforma para mejorar la lucha contra la corrupción.
Parece que todo el peso cae sobre la ciudadanía, pero que el Estado no piensa hacer mucho ni para transparentar el gasto ni para combatir con efectividad la corrupción. ¿Qué incentivo tiene entonces la ciudadanía para pagar impuestos, cuando sabemos que una parte de ese dinero terminará en los bolsillos de funcionarios corruptos?
La verdad es que bajo ese esquema los incentivos son muy reducidos o casi nulos, si además consideramos que los servicios que recibimos del Estado son de bajísima calidad.
En resumen, acabamos de desperdiciar una gran oportunidad y el gobierno acaba de malgastar una "bala de plata", ya que de la aprobación de una buena reforma fiscal dependía la posibilidad de cumplir con suficiencia muchas de las promesas que se hicieron durante la campaña electoral.
Todo eso tendrá que esperar, mientras se sigue exprimiendo a la clase media. Lo dicho: se trata de una nueva oportunidad tirada por la borda. Es una lástima.
Leído en http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/10/19/miguel-carbobell-reforma-fiscal-la-oportunidad-perdida
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