La doble acusación es muy grave: el gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo, regresó al cargo bajo un “cumplimiento de pactos con el crimen organizado”. Y más: uno de los hijos de Vallejo estaría ligado al narcotráfico.
Los señalamientos ni son trascendidos ni mucho menos filtraciones a la prensa. Fueron públicos y tienen nombre.
Fue la senadora panista Luisa María Calderón, Cocoa, quien, durante una entrevista citó esos posibles nexos de los Vallejo con el narco michoacano. Son acusaciones públicas, a la vista de todos.
Luisa María no es cualquier senadora. Es una política poderosa y con influencia en Michoacán.
Y es, también, la hermana del ex Presidente de la República.
Cocoa estuvo a punto de convertirse en gobernadora de Michoacán, 43 mil votos la separaron de Vallejo, en lo que habría sido una victoria histórica por tres razones: Luisa María hubiera sido la primera mujer gobernadora en Michoacán, habría consolidado el poder de la dinastíaCalderón y significaría una derrota del PRI frente a una panista tradicional. Mejor, imposible.
Pero Cocoa perdió por dos puntitos de diferencia. Esa es la democracia. Lo que ocurrió después en Michoacán ha sido una desgracia. Tragedia para los michoacanos.
Las acusaciones de Calderón contra los Vallejo son fuertes. Ya el priista adelantó que la demandará.
Bajo este escenario —en el cual los michoacanos son las verdaderas víctimas ante los pleitos entre poderes, partidos y políticos—, se abren varias posibilidades.
Primero: Calderón tendría que probar sus acusaciones de posibles ligas del narco con los Vallejo. Cocoa fue cuidadosa a la hora de hacer el señalamiento en contra del hijo de Vallejo: utilizó el término “se dice”, no fue una acusación directa, por lo cual queda en el aire su legitimidad. La senadora se vacunó.
Segundo: será difícil que Vallejo gane esa demanda contra Cocoa Calderón por la razón expuesta en el párrafo anterior. Lo grave es la percepción —esa palabrita que tanto preocupa y alerta a los políticos— de que los Vallejoen realidad tengan nexos con el crimen organizado. Es una mancha.
Tercero: el enfrentamiento entre dos familias poderosas en Michoacán —los Vallejo y los Calderón, bajo una versión a la mexicana de los Capuletos contra losMontescos—, podría ahondar el vacío de poder que se vive en la entidad. A mayores conflictos políticos, menor gobernabilidad.
El caos y la violencia en Michoacán han escalado entre peticiones del PAN de que desaparezcan los poderes. Exagerado para algunos. Necesario para otros. Obligado para los michoacanos.
¿Por qué obligado?
Por dos razones:
Una, que hay un gobernador enfermo, sin fuerza física ni capacidad política para regresar a Michoacán a la seguridad, a la gobernabilidad y a la tranquilidad.
Y esa no es percepción. Allí está el desastre: un estado bajo fuego, con marcados vacíos de autoridad. ¿Cuál es el lema de la estrategia de Vallejo frente al caos en Michoacán? “A todo mal, mezcal… a todo bien, también”, recomendó esta semana. No, pos sí.
Segunda, que la desaparición de poderes significaría, en términos taurinos, una “limpia de corrales” con la que se intentara restablecer el orden y la legalidad. No intentarlo siquiera y dejar que las cosas sigan igual, equivaldría a una irresponsabilidad criminal.
En lo que sí tiene razón la Cocoa Calderón es cuando dice que son 113 los municipios que enfrentan conflictos con la criminalidad, y no los “cinco o seis” que menciona Vallejo.
Una voz autorizada para esta columna, como la del periodista Miguel García Tinoco, retrata: “Antes había problemas en sólo diez municipios… hoy se ha extendido el conflicto”.
Desaparición o no de poderes, algo se tiene que hacer con Michoacán.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
SECUESTROS. Más cifras oficiales: de diciembre de 2012 a octubre de 2013 se denunciaron mil 940 plagios, principalmente en el Estado de México —con destellos preocupantes de ingobernabilidad—, Morelos, Distrito Federal, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, reveló el jefe de Investigación de la PF, Damián Canales. Este delito canalla va en aumento y sin estrategia que lo combata.
EJÉRCITO Y SEGURIDAD. Bajo la tesis de que es constitucional la intervención militar en la seguridad pública, como último dique para contener al crimen organizado, aunque preservando las limitantes al poder de las Fuerzas Armadas, Federico Ponce Rojas ingresó a la Legión de Honor Nacional de México. La tesis bien podría retomarse en estados como Michoacán o Morelos, hoy bajo la férula del crimen organizado.
Twitter: @_martinmoreno
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