Los que no tienen voz ni abogados prominentes ni defensores calificados ni conocimientos suficientes sobre su caso. A esos mexicanos, el Senado acaba de darles una estocada. Una bofetada. Una mala ley repleta de buenas intenciones que no resolverá muchos de los problemas que explican por qué 98 por ciento de los crímenes no son resueltos. Por qué 75 por ciento de los crímenes no son denunciados, por qué 82 por ciento de las sentencias son condenatorias. Por qué México es un país de impunidad rampante, de criminalidad lacerante, de policías incompetentes, de acusados tratados injustamente.
A todos los ciudadanos que padecen estas cifras, los senadores les acaban de otorgar un Código Nacional de Procedimientos Penales que debe ser celebrado, porque institucionaliza el camino hacia los juicios orales. Debe ser alabado porque inyectará transparencia a los juicios y obligará a los jueces a estar presentes en ellos. Pero también contiene severas deficiencias que debieron haber sido corregidas antes de que el Senado aprobara el Código al vapor, al margen de la opinión pública, tras las bambalinas que la reforma energética y la reforma política ayudaron a colocar.
Porque el nuevo Código contiene una ley de enjuiciamiento penal exitosa pero una ley de investigación de delitos defectuosa. Porque entraña disposiciones innovadoras para los jueces pero deja sin regular a las policías. Y si la Cámara de Diputados no corrige lo que el Senado tan apresuradamente aprobó, seguiremos presenciando pocas investigaciones y mucha ineptitud. Poca capacidad para entrevistar imputados y mucha propensión a invocar testigos falsos. Un Código que no determina con claridad cómo debe darse la identificación por testigos oculares. Que no aclara cómo debe entrevistarse a personas sospechosas y detenidas. Que no dice cómo sería posible agilizar la denuncia del delito. Que no establece cómo promover la transparencia de los procesos judiciales, porque es omisa sobre la videograbación de interrogatorios policiales y prohíbe la cobertura televisiva de juicios.
Lo que ha hecho el Senado es dejar fuera códigos de conducta para la policía que existen en todas las democracias funcionales. Lo que ha hecho Jesús Murillo Karam es dejar fuera normas que combatirían la tortura y el encarcelamiento continuo de inocentes. Lo que han hecho senadores doblegados o disciplinados o mal informados es impedir que las cámaras estén presentes en un juicio, coartando así el entendimiento que cualquier ciudadano debe tener sobre un sistema judicial financiado con sus impuestos. Lo que ha hecho la clase política es permitir la perpetuación de prácticas que colocan a México en el lugar 91 de 97 países en cuanto a la calidad de su sistema de justicia penal, según el World Justice Project. Debajo de Botswana. Debajo de Etiopía. Debajo de Senegal. Debajo de Uganda.
Y así seguiremos si los diputados no toman en cuenta las objeciones informadas al Código. Si no modifican ciertos artículos para instruir a la policía sobre cómo aprehender. Cómo interrogar. Cómo videograbar. Cómo preservar el principio de la publicidad de los juicios contenido en el artículo 20 constitucional. Cómo preservar la libertad de expresión y el derecho a la información, aún corriendo el riesgo -al que hicieron referencia tantos senadores- de que Paty Chapoy comente los juicios y Televisa quiera manipular lo que pone en la pantalla. Cómo evitar que la policía siga torturando. Ante estos imperativos, los senadores declararon que "no hubo tiempo" para hacer los cambios indispensables al Código. Ojalá que los diputados se den un tiempecito para reformarlo, sobre todo porque han pasado 200 años desde que Morelos pronunció "Los Sentimientos de la Nación". Y allí, en el artículo 18 ordena que no se admita la tortura. Que no se permita lo que el Senado acaba de avalar porque se le "acabó el tiempo" para legislar con inteligencia.
Fuente: Reforma
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