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| Francisco Váldés Ugalde |
Se preguntará el lector por qué el PRD, que quedó en segundo lugar en la presidencial, queda en tercero en la Legislatura. La respuesta es que los votantes de AMLO fueron más de 2 millones más que los que votaron por los diputados y senadores del Movimiento Progresista. Además, la aritmética del sistema mixto interviene para compensar, aunque en esencia la primera razón es la importante. En cambio, el PAN anduvo más parejo, sus votaciones para las tres elecciones son menos desiguales, alrededor de los 12 millones de votos en cada una de las tres elecciones. Esto refleja que, a pesar de haber perdido la presidencial, sigue siendo un partido con gran robustez en el electorado.
El PRI llega con 207 diputados y sólo conseguiría una mayoría compacta en el supuesto de que se sumaran las bancadas del PVEM (34) y del Panal (10), con lo que alcanzaría exactamente la cifra mágica de 251 diputados, no así en el Senado, donde bajo el mismo supuesto conseguiría 62 asientos. De todos modos se antoja difícil que estas bancadas imaginarias actuasen concertadamente para todos los asuntos importantes.
Así, lo más probable es que haya mayorías móviles en aquellos asuntos en que se consiga acuerdo. La buena noticia sería que habrá algunos proyectos legislativos en temas como transparencia, corrupción, derechos humanos, entre otros, que podrían rebasar las visiones meramente partidistas y alcanzar el consenso, así como servir de plataforma para que varios partidos consigan acuerdos plurales sin exclusión unos de otros. Ese sería el escenario más deseable. Para hacerlo posible se pondrá a prueba la destreza negociadora de los líderes de cada bancada.
No obstante lo anterior, subsiste la posibilidad de parálisis, especialmente si no se busca reformar los sistemas de reglas legislativas en ambas cámaras. Ya se ha aprobado la iniciativa preferente en la reciente reforma constitucional publicada el 14 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. Esto dará al presidente un instrumento del que previamente carecía para presentar hasta dos iniciativas con ese carácter o señalar el mismo número de las que estuviesen presentadas pero no hayan sido dictaminadas y votadas. El Congreso deberá resolver en plazos perentorios de acuerdo con la nueva redacción del artículo 71. Este mecanismo por ahora queda reservado para su ejercicio al titular del Ejecutivo el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones. El presidente Calderón será el primero en usarlo, según se anuncia, con una iniciativa para controlar las finanzas de las entidades federativas.
En otros países, por ejemplo Francia o Estados Unidos, el sistema de veto incluye también plazos perentorios. Mediante medidas de esta naturaleza se garantiza, en bien del interés público, que no haya iniciativas que duerman el sueño de los justos en las cámaras del Congreso, como ocurre en nuestro país.
Lo que al parecer es un asunto que sólo se resolvería con mayorías, a saber, que si no hay acuerdo mayoritario respecto de ciertas iniciativas, presumiblemente las más relevantes para el país, podría haber plazos constitucionales para darles trámite, sea en favor o en contra. Ello evitaría la charada en la que incurre nuestro Poder Legislativo constantemente, al dejar en los archivos de las comisiones, iniciativas que no serán dictaminadas ni votadas en términos preestablecidos.
Avanzar por este camino podría ser una muestra de respeto a la sociedad mexicana y una fórmula para abandonar la falacia de que solamente con mayorías excluyentes podría terminarse la parálisis legislativa en asuntos cruciales que tanto afecta la gobernabilidad democrática.
La reforma constitucional en materia de iniciativa de ley (art. 71), permite ahora la iniciativa ciudadana. Para ello se requiere un poco más de 100 mil firmas (0.13 por ciento de la lista nominal de electores), 103 mil 292 para ser exactos, de acuerdo con la lista nominal actual.
Esta reforma constitucional empodera a los ciudadanos y los convierte indirectamente en una parte del Poder Legislativo. Es razonable la cantidad de firmas requerida para promover transformaciones que la ciudadanía quiere. Una vez que el Cofipe sea adecuado se podrá ejercer esta facultad. Las candidaturas ciudadanas, hoy constitucionales, serán un complemento de lo anterior. Ambos mecanismos se asoman como una pinza que catalice la representación hacia la ciudadanía y no al revés, hacia las cumbres del poder, como ha venido ocurriendo.
Todo indica que la LXII será una Legislatura en que veremos novedades. Estos nuevos ingredientes harán del año 2015 un año electoral muy singular. Esperemos.
Francisco Valdés Ugalde
@pacovaldesu
Leído en: http://www.vanguardia.com.mx/lalxii-1364480-columna.html
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