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| German Martínez |
Cuatrocientos años antes de Cristo, en la Grecia inventora de la democracia, Pericles, el famoso gobernante de Atenas, y su acérrimo rival Cimón, ya “compraban” votos. “Cimón –dice Plutarco, en “La Vida de Pericles”– que poseía numerosos bienes, los utilizaba para ayudar a los pobres, invitaba a todo el mundo a su mesa y daba vestido a los ancianos... Pericles utiliza el dinero para hacer donaciones y lo distribuye a la masa para que pueda asistir a los espectáculos y por sentarse en los tribunales. Y el pueblo se deja seducir”.
El peligroso vínculo dinero-democracia-poder no es característica exclusiva del sistema político mexicano, ni fatalidad de países con pobreza. El ex presidente francés Jacques Chirac y el emblemático ex canciller alemán Helmunt Kohl fueron señalados y juzgados por desviar recursos públicos a sus partidos.
En México la influencia del dinero en política tiene los mismos retos: concentración económica, falta de competitividad, pleno acceso a los medios de comunicación, dinero ilícito, etcétera; pero la soberanía popular está “limitada” o “motivada” por el dinero, porque se provoca e impulsa desde el Estado una cultura asistencialista. Ese Estado, en más de un sentido, es un activo “patrón” antilibertario, frente a un pasivo “cliente” que entiende al gobierno como un agente donador de bienes, no promotor de condiciones.
En esa cultura, nuestra democracia no es un “sistema de gobierno”, sino un “sistema de reparto y comercialización del gasto público”, donde el gobierno en turno (sea del partido que sea) distribuye el presupuesto mediante subsidios, dádivas, trámites, para mantener la aceptación del ciudadano-cliente. Y en las campañas electorales la oposición (también de cualquier partido) espera y construye su éxito en prometer mejorar el “negocio del reparto” del gasto estatal, e incluso comienza durante la contienda a entregar “anticipos”. La democracia desfigurada en “despensocracia”.
El reclamo del PRD por la “compra de votos” es cínico y cómico, porque sus gobiernos (en Distrito Federal a la perfección) ejecutan ese “mercadeo” de la voluntad popular con útiles escolares, zapatos, materiales de construcción, y ahora, hasta venta de huevo barato.
La reforma electoral de “tercera generación” de 2007 prometió evitar la perversión del dinero en la política. Sus artífices (algunos ciegos de odio a las televisoras) presumieron un blindaje de la democracia a la intervención de particulares, iglesias, gobernantes y dueños de medios de comunicación. Hoy sabemos que fue un rotundo fracaso.
Se hace política para producir derecho, cuando es al revés, y se expiden leyes para hacer política, siempre pierde la libertad. Eso pasó en 2007. Se robustecieron los controles estatales a los partidos para ahogar las libertades ciudadanas, se dañó la libertad de expresión, se fomentó la cultura clientelar, el negocio subrepticio con algunos medios de comunicación, la impunidad de los gobernadores por el gasto irregular, y se alimentaron (con dinero público, no privado) los rebaños de mercenarios en los partidos.
Mientras en Estados Unidos una decisión de la Corte Suprema de Justicia (Citizens United vs Federal Election Commission, de 2010) abolió los límites a la participación de empresas en el financiamiento de gastos a los partidos; aquí, generamos más barras y ordenanzas burocráticas. Prohibir, reglamentar, “topar” e incluso sancionar la relación dinero-sufragio no es suficiente. Las mejores prácticas son transparentar y exhibir al donante y donatario. Exponer y mostrar frente al elector, antes de la jornada electoral, esa relación dinero-poder debería ser la consigna.
Entonces, ¿Peña compró Los Pinos? Nuestra cultura política y el régimen jurídico electoral promueven, invitan y alientan la compraventa del voto, y hay ciudadanos y políticos, como los griegos de antaño, que se dejan seducir por algunas “ofertas de ocasión”.
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/compro-la-presidencia
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