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| Marcos Roitman Rosenmann |
El presidente de gobierno del reino de los súbditos borbónicos, Mariano Rajoy, antes ministro del Interior de Jose María Aznar, se despachó a gusto en Estados Unidos. En un acto de soberbia mandó el siguiente mensaje: agradecía a los millones de españoles, que no se manifiestan, ser leales a la marca
España, mostrando con su actitud el apoyo a los recortes. Semejante afirmación, digna de entrar en los anales de la manipulación, por no decir de la estupidez, no merece respuesta. Aunque, por su importancia, debe ser analizada. Igualmente el humorista político Gran Wyoming le contestó con el siguiente símil:
La visita del papa Benedicto XVI para celebrar las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica contó con la presencia de un millón de personas provenientes de todo el mundo; 5 mil 999 millones se muestran contrarios y no asisten, quedándose en sus casas.
El argumento maniqueo de Rajoy muestra la incomprensión de la convocatoria del 25-S,
toma el Congreso. Tienen miedo a un desborde popular. En Portugal, una manifestación contra los recortes hizo retroceder al gobierno conservador, hasta ahora alumno aventajado de la troika. Las manifestaciones son la punta del iceberg. No son simplemente reivindicativas, expresan un estado de ánimo, una llamada de atención o un intento de hacer visible un problema. Las hay de derechas e izquierdas. Sólo que las derechas, guste o no, cuando convocan movilizan toda su gente, se deja la piel. Invierte en anuncios en televisión, radio, prensa escrita. En España son famosas las patrocinadas por la Iglesia católica y el Partido Popular en contra del aborto, la defensa de la familia tradicional, la educación privada y el terrorismo de ETA. Han llenado plazas y han sido cientos de miles sus participantes. Intentan tomar la calle y lo hacen. Pero tampoco, si hubiese sido un fracaso de asistencia sería un hecho relevante. Las manifestaciones no se miden por el número de asistentes, aunque tiene su importancia. Descalificar una asamblea, un plantón o una convocatoria por el escaso número de asistentes, es no comprender el significado de las convocatorias en tanto constituyen parte de la libertad de reunión y expresión de la ciudadanía. Señalar que los problemas no existen cuando la participación es minoritaria, es insultar la inteligencia. Son muchas las movilizaciones contra el rescate de los bancos, los desahucios, la corrupción política, la privatización de la salud, la educación o los recortes sociales que no han sido un éxito de convocatoria. ¿Y qué?
En las actuales democracias representativas, hoy despolitizadas, conseguir que la gente salga a la calle y exprese su parecer, constituye un éxito. Son décadas de trabajo, empleadas por el neoliberalismo y sus instituciones para desarticular las redes sociales, los movimientos ciudadanos, los sindicatos de clase. Promueven la pasividad, la desmovilización, el conformismo social, el sálvese quien pueda y yo el primero. A pesar de ello, la gente sigue movilizándose. Los efectos sociales de la crisis ha despertado conciencias adormecidas. Ahora se vive un proceso inverso. El edificio neoliberal tiene grietas, no es granítico, sus fisuras minan sus estructuras. Hay que apuntalarlo. Una sociedad donde prima el egoísmo, la competitividad y la pérdida de centralidad de la política, cierra espacios de representación democrática, criminaliza las protestas y es su respuesta aumentar los niveles de represión y violencia.
La frase
toma el Congresosimboliza el rechazo a la degradación política, la perdida de dignidad y ética de los partidos mayoritarios, en especial subraya la ilegitimidad del partido que gobierna. El Partido Popular incumple su programa, hace lo contrario y se ufana de ello. Necesita tapar las vergüenzas, haciendo de la protesta popular ciudadana un acto reprochable, concebido para desestabilizar, provocar desórdenes, promover desobediencia, destrozar el mobiliario urbano y generar caos, en definitiva alterar la paz social. Esta manera de concebir la libertad de reunión no es nueva, Rajoy la practicó en los ocho años de gobierno de Aznar. No le dolieron prendas, como ministro del Interior, criminalizó a los manifestantes e hizo oídos sordos a las denuncias de torturas o trato degradante de los detenidos. Protegió a los policías imputados, rechazó los cargos y se negó a instalar cámaras en los interrogatorios de comisarías, desafiando la normativa europea, bajo la excusa de falta de presupuesto y tecnología. Pero no fue el único, su homólogo socialista, Pérez Rubalcaba, fue reincidente. Por eso sintonizan en materia de seguridad interior, conocen las cloacas y respiran en ellas. Por suerte, los informes de la comisión contra la Tortura y la Asociación de Derechos Humanos han demostrado la veracidad de las acusaciones de los detenidos.
La acción policial del 25 de septiembre, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo, mostrando la brutal actuación de los antidisturbios, debe contextualizarse. Responde a una manera de presentar los hechos, criminalizar las protestas y proteger las fuerzas de seguridad del Estado. El concepto de enemigo interno se rescata. La policía tiene orden de proteger las instituciones patrias, el Parlamento en este caso, que será sitiado y tomado con el fin de provocar un golpe de Estado. El Partido Popular, sus dirigentes, ministros, diputados y senadores consideran a los convocantes provocadores profesionales de la subversión, golpistas en ciernes. Pueden secuestrar las instituciones democráticas, crear un clima de violencia, asaltar el Parlamento. ¡Vamos! Reditar en el siglo XXI, la toma del Palacio de Invierno. Así se desplazaron a mas de mil agentes antidisturbios y se infiltraron en la manifestación. Su estrategia respondía a la razón de Estado.
Las organizaciones y los convocantes se transformaron en el otro, el extranjero, el enemigo de la patria y la nación. Así, se puso en entredicho la protesta, a quienes la secundaban y los asistentes, además abrió la puerta a tipificar a los posibles detenidos como autores de atentar contra las instituciones del Estado. En comparecencia ante el Congreso, el director general de policía, Ignacio Cosido, tipificó de
muy graves los atentados, y argumentó que los
detenidos cometieron delitos contra altos organismos de la nación. La juez que instruye la causa, en el auto de procesamiento de los 35 detenidos, dice que hay elementos para suponer que se atentó contra las instituciones del Estado. Todo conduce a un mismo fin. Se trata de dar una lección a quienes protestan y convencerlos de lo estéril de manifestarse. Sobre todo si trae como consecuencia ser acusados de delitos contra la nación. Mejor quedarse en casa en silencio y protestando ante la televisión o jugando a la PlayStation. La idiotez política no tiene límite. La pena es que gobierna y además cree que todos son de su condición. Si no hay gente protestando, todos aceptan los recortes. Por eso es necesario perseverar y copar la calle, aunque sólo sea para dar testimonio del desacuerdo. No pueden gobernar impunemente. Ese es el valor de las manifestaciones.
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