Ahora resulta que no era para tanto. Michoacán parecía al borde de una explosión porque ocho normalistas podrían ir a la cárcel por robar y destruir coches y camiones. El asunto salió de las fronteras estatales y se asomó, malencarado, en la Ciudad de México al grito de “¡presos políticos, libertad!”.
Entonces el juez sexto de lo penal, Arnulfo Torres, resolvió que no había razón para mantenerlos en la cárcel; que por 7 mil pesos podían irse a defender a sus casas. Y a sus casas los mandó.
El racionamiento legal es de una sencillez que sonroja a quienes pensábamos que algo serio había ocurrido. Los normalistas estaban acusados por cuatro causas: motín, robo de uso (tomar un objeto sin la intención de apropiárselo), sedición y daño de las cosas por incendio. Los tres primeros delitos no son graves en Michoacán. Sí lo es el cuarto, pero el juez Torres determinó que el daño por incendio no estaba suficientemente acreditado.
-Una decisión muy generosa del juez, ¿no cree? –le pregunto al presidente del Tribunal de Justicia de Michoacán, Alejandro González Gómez.
-Generosa, no. Es una decisión apegada a las normas de un estado moderno, constitucional, de derecho.
-¿Y los camiones quemados?
-En los argumentos que expresó el juez, no existe un señalamiento directo que permita identificar a estas personas como probables responsables.
Tan, tan. Decía un viejo periodista que cuando algo camina como pato, grazna como pato y huele a pato es que debe ser un pato.
Lo de los ocho normalistas parece, huele y sabe a arreglo político… perfectamente apegado a derecho.
Hombre, de haber sabido que todo se arreglaba con 7 mil pesitos.
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