Con eso se malgastó la poca credibilidad que tenía el Congreso de la Unión y resulta malnacida la Reforma Laboral, que entre otras cosas exhibió la perversidad de los líderes sindicales priístas la verdadera intención de muchos panistas de expoliar a los de abajo, la caótica desunión de los perredistas-morenos y la falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos por los petistas (nadie les cree su voto de principios que en la práctica dejan pasar la reforma de los diputados).
Sin embargo, tendremos que soportarlos tres o seis años más, metiendo mano en reformas fundamentales para el desarrollo de la patria. La reforma de las instituciones de Seguridad Pública y las de Justicia que implican la aprobación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, para instalar en el país el nuevo Sistema Penal acusatorio.
Los académicos ya han empezado a trabajar y lo hacen duro y con seriedad. Dos grupos de expertos académicos y organizaciones de la sociedad han asumido la responsabilidad de ponerse a pensar y proponer a los diputados cuales son los caminos que han dado resultados en otros países y cómo pudieran esos modelos mexicanizarse lo suficiente para pintarles los tres colores con águila incluida.
En el tema de Seguridad, Ernesto López Portillo, con una impresionante convocatoria internacional, reunió el pasado inicio de semana a un enorme grupo de académicos que expusieron durante dos días las experiencias más exitosas que se han probado en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y algunas mexicanas. Hubo tales coincidencias que la teoría de la seguridad como un Derecho Humano, ya parece diagnosticado y sólo falta implementar las políticas públicas correspondientes.
El Modelo Policíaco es el punto de enfoque y no sólo la estructura burocrática de los mandos y oficiales como ha sido abordado en todas las propuestas que se enviaron a las cámaras en la administración pasada. Y el modelo recomendable es “La Policía de Proximidad”, pero con respaldo y fiscalización ciudadana, tienen que encontrarse ambas partes, y no sólo enviar policías a tocar las puertas, porque la ciudadanía les desconfía que se vayan a fijar que tienen televisión de plasma y después vengan por ella. Se trata de un proceso de convivencia que demuestre a los ciudadanos y a los policías que los opuestos son confiables, o ya se hicieron confiables.
Desde luego se demostró hasta la saciedad que los militares mexicanos no están preparados para tareas de Seguridad y que nunca debieron intervenir en la guerra contra el narco declarada por su jefe supremo. No quiere decir con eso que los ejércitos no puedan desarrollar una policía confiable y eficaz, lo que sucede es que se necesitan formar en esa filosofía, en esa práctica, desarrollar y adecuar sus tácticas y estrategias de intervención. Así que resulta más barato construir nuevos policías a partir de los jóvenes que hoy salen de las preparatorias y con participación de las universidades en la formación de mejores y más profesionales elementos. Otros grandes temas se abordaron y tengo entendido que en la página de Internet del Instituto para la Democracia, A.C. (Insyde) se publicarán pronto.
El Tema de Seguridad con Justicia lo está abordando por su parte un amplio grupo de organizaciones sociales de Tijuana, Monterrey y Cd. Juárez, encabezadas por la Coalición Ciudadana por la Seguridad Pública, Renace y Juarenses por la Paz respectivamente. Estas organizaciones se han dado a la tarea de agrupar a activistas ciudadanos de las tres localidades para escuchar a los diputados cuando eran candidatos, y sobre todo darles seguimiento ahora que ya cobran sueldo para servirnos, para que procuren cumplir con los compromisos internacionales de México de instalar un nuevo Sistema Penal en la República basado en la inmediatez, el conocimiento del caso directamente por el juez, y el respeto pleno a los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. No basta con ofrecer seguridad frente al delito, a cualquier costo; la seguridad debe brindarse al pueblo con una alta dosis de justicia, es indispensable terminar con la impunidad y aplicar la ley a todos los que la vulneren, se deben terminar todo tipo de privilegios y de cotos de protección.
Seguridad sin justicia no es seguridad, a lo más que se llega es a proteger a los poderosos y a los que tienen un gran patrimonio que perder, dejando a la deriva a los que sólo tienen su vida para sacrificarla en el holocausto sexenal que organiza cada presidente.
Son dos temas indisolublemente ligados entre sí y los tienen ya muy trabajados los que saben, y los que proponen, y también este último grupo tiene una página electrónica con toda su información bajo el nombre de “seguridadconjusticia.org”.
Ahí tienen los diputados una gran cantidad de información ya procesada, ya organizada; tienen datos estadísticos a la mano para que hablen con fundamentos en la tribuna, es decir, para que la respeten. Y no usen de la voz privilegiada que nuestro voto les dio para repetir lugares comunes y hasta tonterías que nos avergüenzan, cierto que algunos diputados y senadores ya hicieron carrera parlamentaria y son verdaderos representantes de los intereses que cuidan, y lo hacen bien, pero esta legislatura, al menos en las primeras discusiones de peso, no se han visto muy lucidores que digamos.
Esa es la teoría, según los expertos es perfectamente posible tener un país donde haya Seguridad con Justicia.
Pero, ¿cuál es la práctica?: Este es un país profundamente inseguro, la piensa uno varias veces cuando tiene que viajar por carretera y de noche impensable; la falta de certidumbre judicial es una tradición más profunda que los cenotes yucatecos, la eficacia en materia de homicidios, secuestros y extorsiones, es bajísima, a pesar de que el presupuesto de seguridad el último año es igual a la suma de los presupuestos de salud y desarrollo social.
México está dotado de alta tecnología en materia de herramientas para el combate al crimen; sin embargo, son incapaces de seguir un protocolo para asegurar un cadáver importante. La vida de muchos mexicanos, sobre todo si son jóvenes y pobres, es totalmente prescindible para el estado y las elites sociales.
Otra coincidencia de todos los académicos es la convicción de que estos grandes temas entre otros muchos del país que heredará Peña Nieto están cruzados por la corrupción sistémica que ahoga al país y que los lleva a la frustración constante en la ejecución de los planes y proyectos de gobierno.
Entonces diríamos que los parlamentarios harán las leyes, pero los ciudadanos tenemos que exigir que se cumplan, que se apliquen a todos, que se instale de una vez por todo el Estado de Derecho. No podemos confiar en que buenas ideas y buenas leyes cambien una realidad corrompida. Esta sólo se cambia con buenas prácticas gubernamentales y ciudadanas, sí es posible otro México, pero necesita más ciudadanía activa y exigente.
Por eso y por mucho más y para no exhibirse tanto, bueno sería que los diputados y senadores fueran acercándose a quienes ya están trabajando temas tan complejos y que comprendan que a ellos los eligieron por simpáticos en el mejor de los casos, no por sabios.
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