Florence Cassez cumple en México una sentencia de 60 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas, en un caso que polariza a la sociedad mexicana y fracturó la relación diplomática y cultural con Francia, de donde es ciudadana. Con ese antecedente, el presidente electo Enrique Peña Nieto se reunirá en dos semanas con el presidente François Hollande en París, donde su repatriación será un tema probable. El caso brincará nuevamente, como ha sucedido en los siete últimos años, porque además de lo mediático y antagónicas que son las posturas, Peña Nieto está evaluando que regrese a Francia para que termine allá su condena. “Que se vaya”, dijo contundente un colaborador del presidente electo. “Es mejor que se vaya”.
La declaración se inscribe en el contexto del desgaste político que ha sufrido el presidente Felipe Calderón, pero sobre todo su secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, sobre quien recaen acusaciones de violación al debido proceso y se preparan demandas en las cortes internacionales para llevarlo a juicio. La racional es que Peña Nieto no tiene por qué arrancar su Presidencia con un lastre que podría soltar rápidamente. Estiman que lo mejor sería que Cassez regresara a Francia, que podría capitalizar políticamente en México con amplios sectores de la sociedad, en particular con aquellos que fueron los más beligerantes durante su campaña.
La realidad, como sucede siempre, es más compleja de lo que aparenta. Cassez se convirtió en fuente de conflicto político y diplomático por un incumplimiento de Calderón con el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy, con quien se comprometió a devolverle a Cassez bajo la Convención sobre la Transferencia de Personas Sentenciadas y de la cual México es signatario, amparado por el Artículo 18 de la Constitución que permite la repatriación de extranjeros sentenciados en México. Calderón decidió revertir su decisión -hecha pública en una entrevista con la agencia de prensa AFP hace tres años-, durante la visita de Sarkozy a México en marzo de 2009, que el presidente francés esperaba coronar con el traslado de Cassez a su país.
Un mal manejo diplomático -de la canciller Patricia Espinosa- y altas expectativas de la PGR a sus contrapartes -en ese entonces el titular era Eduardo Medina Mora-, crearon un clima tenso para ese intercambio. Las encuestas decían mayoritariamente que Cassez era culpable, y el nacionalismo mexicano ante las actitudes arrogantes de Sarkozy -el anglófilo Carlos Fuentes inclusive lo comparó con “dictadores de repúblicas bananeras” por su comportamiento en México-, contribuyeron para que Calderón tuviera el respaldo público y político para desconocer el acuerdo con su colega francés.
El caso Cassez se convirtió en la razón de ser del ex embajador Daniel Parfait y razón permanente para la crítica a García Luna y Calderón. El Gobierno del Distrito Federal tomó partido por la francesa y le permitió mantener una presencia mediática permanente, mientras sus abogados lograban que el caso subiera a la Suprema Corte de Justicia, que decidirá próximamente sobre la suerte de la francesa. La discusión en la Corte creó las condiciones para que Calderón retomara su oferta original y decidiera repatriar a Cassez. Dejó que García Luna se fuera hundiendo y se construyó incluso su salida del gabinete. Calderón se volvió a arrepentir cuando vio las encuestas: más de 70% de los mexicanos pensaban que Cassez era culpable, sin importarles si se había violado o no el debido proceso. Entonces, se pronunció abiertamente a favor de que se quedara a cumplir su sentencia en México.
Peña Nieto y su equipo han vuelto a tomar el caso y lo han analizado desde el punto de vista del capital político que les daría su repatriación. No hay indicios de que hayan analizado el probable costo político que puede significarle, cuando siete de cada 10 mexicanos podrían ver mal esa decisión. El caso Cassez lo va a perseguir, en México y en Francia, y bien haría en discutir con mayor amplitud y perspectiva la idea de la repatriación para medir costos y beneficios antes de tomar una decisión que, por dejarse llevar por percepciones, le pueda resultar más costosa que benéfica para sus fines.
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