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| Santiago A Canton |
Se conocen ampliamente los hechos cometidos en contra de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes en febrero y marzo del 2002, fueron violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano; Inés, de 25 años de edad se encontraba en su casa; Valentina, de 17, lavaba ropa en un río. Han transcurrido 10 años, y después de un sexenio en el que se han visto avances y retrocesos en el acatamiento de las sentencias, los próximos meses serán cruciales para consolidar la implementación plena de la decisión de la Corte Interamericana, sobre todo en cuanto a revertir la impunidad e institucionalizar mecanismos de cumplimiento.
En México, Estados Unidos y en América Latina se conocen los casos de Inés y Valentina por la incansable lucha por llevar ante la justicia a los soldados que las violaron y torturaron en 2002 y por la valentía al enfrentar descalificaciones y amenazas durante más de 10 años.
Además del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero, son cientos las organizaciones que han acompañado a estas dos mujeres indígenas Me’phaa en su lucha para que las instituciones mexicanas respondan a sus obligaciones constitucionales e internacionales en derechos humanos. Pero a pesar de la amplia difusión de los casos en el ámbito internacional, los soldados involucrados no han sido llevados ante la justicia.
Los avances alcanzados hasta ahora --el traslado de los casos al fuero civil federal y los actos de reconocimiento público de responsabilidad internacional-- son consecuencia del trabajo de la sociedad civil, mexicana e internacional. Pero por relevantes que hayan sido estos primeros pasos, queda pendiente lo sustantivo de las sentencias: la justicia. Se trata de un elemento decisivo y, en última instancia, es el parámetro más apto para determinar si las sentencias han sido cumplidas o no.
Más allá de las ceremonias y los discursos, toca al Gobierno Federal y muy en particular a la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República, consignar a los responsables ante la justicia y cumplir, de una vez por todas, lo ordenado por la Corte Interamericana.
Pese a que el cumplimiento de las sentencias abre una oportunidad histórica para que el Gobierno Federal mexicano demuestre su compromiso con los derechos humanos, el paso del tiempo sin una acción decisiva por parte del Gobierno Federal plantea serias dudas con respecto a la voluntad que hay para terminar con la impunidad en casos de violencia contra las mujeres.
Hace poco más de un mes fuimos testigos de una decisión histórica por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua asesinado extrajudicialmente por soldados en un retén militar. La decisión delinea claramente el papel de la justicia civil en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos castrenses; la investigación y sanción es responsabilidad del Gobierno Federal a través de la PGR.
En los casos de Inés y Valentina, a más de 10 años de los hechos y a unos cuantos meses de que termine la administración de Felipe Calderón, somos muchas y muchos los que seguimos esperando que se haga justicia.
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