La agenda legislativa para el periodo extraordinario del Congreso, en agosto, y el siguiente ordinario, septiembre-diciembre, es enorme y compleja. De aprobarse todas las iniciativas que supuestamente se están cocinando, estaríamos frente a una transformación radical de la política y economía nacionales; podríamos estar atestiguando una especie de nuevo constituyente en 2013. ¿Podrán el Congreso federal, más los Congresos locales que tienen que aprobar las reformas constitucionales, procesar y aprobar tal cantidad de iniciativas legislativas?
No se ve fácil. Comencemos por las que están obligados a sacar durante este semestre. En primer lugar, toda la legislación secundaria de las reformas constitucionales que se hicieron en meses pasados en materia educativa, de telecomunicaciones y de competencia. No es un paquete menor. Ahí, en las leyes reglamentarias, estarán los detalles que, como suele ser el caso, es donde se esconden los demonios.
¿Hasta dónde, por ejemplo, llevará el gobierno el tema de la evaluación educativa como mecanismo para recompensar y castigar a los maestros? ¿Cuáles serán las reglas de operación del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)? Además, el Congreso deberá aprobar las leyes secundarias de telecomunicaciones y competencia económica, un proceso muy complicado donde, por cierto, habrá grupos bien poderosos cabildeando para defender sus intereses. Agréguese la elección de los comisionados de los organismos reguladores, el nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica.
Está pendiente, también, que el Senado apruebe la ley sobre el endeudamiento de los estados que recientemente cambió la Cámara de Diputados. Asimismo, los legisladores están obligados a sacar la legislación para regular las candidaturas independientes, asunto que se viene arrastrando desde el año pasado.
Eso es lo obligado. A eso hay que agregar la importantísima reforma financiera que se quedó atorada el semestre pasado debido a la batalla electoral. La iniciativa ya está diseñada y presentada. Falta que el Congreso la dictamine, debata y vote. Otra vez, se trata de un asunto difícil que implica reformar muchas normas con el fin de incentivar el otorgamiento de crédito.
Dos reformas que prometió Peña Nieto durante su campaña siguen atoradas por diferencias entre los partidos: las de transparencia y anticorrupción. Tan sólo recordemos que la Secretaría de la Función Pública está en un limbo jurídico: supuestamente desapareció porque se establecería una Comisión Anticorrupción. De nuevo, estamos frente a dos temas muy complejos que prometen una negociación dura entre el gobierno y las oposiciones.
Sume usted la que quizá será la “madre de todas las batallas” de este sexenio: la reforma energética. Y, junto con ella, la reforma fiscal a la que el presidente Peña ha anunciado que sumará una reforma que cambiaría radicalmente el Estado de bienestar en nuestro país: el sistema universal de seguridad social.
Pero resulta que tanto el PAN como el PRD dicen que no saldrá ninguna iniciativa importante hasta que no se apruebe una reforma política que tiene dos componentes: uno electoral y otro de transformación del régimen. La propuesta que ya presentaron los senadores panistas y perredistas es de tal magnitud que cambiaría sustancialmente el sistema político reequilibrando la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. No estamos hablando de cacahuates sino de cambios profundísimos en las reglas del juego político.
Adicionemos que el PRD quiere que la reforma energética se vote en un referéndum pero, como no existe una ley reglamentaria de este mecanismo de consulta popular, tendría que legislarse de inmediato. Y habrá que sumar algo firmado en el Pacto por México, que senadores del PRD quieren que salga este semestre: la reforma política del Distrito Federal que incluye convocar a una asamblea que elabore la Constitución de esta entidad.
Entre diciembre de 1916 y enero de 1917, bajo el liderazgo de Venustiano Carranza, el Congreso constituyente redactó una nueva Constitución de México basada, en gran medida, en la de 1857. Hoy, en 2013, estamos frente a una agenda legislativa de grandísimo calado: reformas constitucionales y leyes secundarias que cambiarían radicalmente la política y economía del país. La pregunta es si el Congreso podrá procesar esta pesada y compleja carga legislativa. De hacerlo, me atrevo a decir, estaríamos frente a una especie de constituyente versión 2013.
Twitter: @leozuckermann
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