La ausencia del Estado ha generado una auténtica ingobernabilidad en estos lugares donde impera la ley del narco. No es algo nuevo. En Tamaulipas, por ejemplo, hay lugares en poder del crimen organizado desde hace algunos años. El cártel del Golfo y “Los Zetas” tienen bien delimitados sus territorios en donde ni siquiera entra el Ejército.
Felipe Calderón lo sabía, también Enrique Peña Nieto. Ambos han sido incapaces de llevar el Estado allí donde ha sido suplantado por los cárteles de la droga.
En esos lugares, los cárteles tienen su propia Secretaría de Hacienda: recaudan el “impuesto” de la pax del narco, mejor conocido como “cobro de piso”, un pago que comerciantes, ganaderos, empresarios, agricultores, trabajadores o profesionistas, tienen que entregar cada semana si quieren seguir vivos. También tienen su Banco Central alimentado de la venta de la droga y la industria del secuestro.
Los cárteles de la droga dueños de territorios mexicanos también tienen su propia Secretaría de Gobernación o cuerpos de inteligencia para detectar a los enemigos. Cuentan con sus propias fuerzas armadas; de hecho, se visten como militares y además gestionan su Secretaría de Seguridad Pública con policías que vigilan en convoy vehicular la “tranquilidad” de los pueblos.
Sería bueno que Enrique Peña Nieto se diera una vuelta por Reynosa, Nuevo Laredo, San Fernando, Ciudad Victoria, Vallehermoso, Camargo, o Tampico, para preguntar quién elige a los presidentes municipales e incluso a los gobernadores de Tamaulipas. Son “Los Zetas” o el cártel del Golfo quienes ponen y quitan autoridades de todo tipo.
En Michoacán la situación no es muy diferente. Sorprende que entonces Enrique Peña Nieto diga que “ha habido espacios que se han dejado o que ha ganado, lamentablemente, el crimen organizado”. Pareciera que hablara cualquier ciudadano, cuando en realidad se trata del Presidente de la República aceptando una realidad con absoluta resignación.
¿Existe un acuerdo entre el Estado y los cárteles de la droga para ceder territorios? ¿Cuál es la nueva repartición del territorio mexicano a los capos del narcotráfico?
Históricamente el estado de Michoacán ha sido un territorio disputado por los cárteles de la droga. Hasta allí han coincidido los Arellano Félix, Héctor Luis, “El Güero” Palma, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Juan García Ábrego, Amado Carrillo Fuentes y Osiel Cárdenas.
No hay que olvidar que fue en Vistahermosa, Michoacán, donde encontraron asesinado a Enrique Camarena, el agente de la DEA y su piloto Alfredo Zavala Avelar, el 5 de marzo de 1985 con la participación de policías mexicanos en connivencia con los cárteles de la droga.
En un estado con altos índices de pobreza extrema, el caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico estaba dado desde hace décadas. La impunidad también es un elemento que nutrió el campo para la siembra de la droga. El turismo, un pilar que sostenía las arcas gubernamentales, se vino abajo con la inseguridad. Las hermosas ciudades de Pátzcuaro, Janitzio, Tzintzuntzan, Morelia o Paracho dejaron de recibir visitantes; los atractivos como el santuario de la Mariposa Monarca, el Lago de Zirahuén o la famosa Noche de Muertos, sufrieron una caída estrepitosa de turistas.
La gente padece la pobreza de la falta de productividad e industrialización de la zona. El campo fue arrasado por la violencia. El puerto Lázaro Cárdenas se convirtió en un punto estratégico del trasiego de droga. Es la manzana de la discordia que acarician todos los cárteles que operan en México.
Fue así como nacieron los nuevos cárteles, esos que ahora se disputan el estado y que son amos y señores de ese territorio. Hay que decirlo con todas sus letras: “Los Caballeros Templarios” y “La Familia Michoacana” son dueños de Michoacán. Aunque el Gobernador interino, Jesús Reyna, insista en que la gobernabilidad de ese estado no está en riesgo, los capos que dirigen ambos cárteles son los que deciden su futuro y destino de acuerdo a sus intereses.
Es evidente que los militares y los policías federales enviados por Enrique Peña Nieto no son suficientes. La semana pasada hubo 42 ejecuciones en municipios de la sierra, la costa y tierra caliente. Y mataron a un vicealmirante en una emboscada de un camino que comunica a las localidades de La Noria y Las Cruces en el municipio de Churintzio.
Con los ocho ataques del crimen organizado en distintos municipios de Michoacán está claro que existe la ingobernabilidad, particularmente en Chinicuila y Coalcomán, donde ni siquiera hay poderes públicos.
Lo que no está claro es la acción del gobierno federal. La tibia reacción del Ejecutivo nos muestra que Enrique Peña Nieto está contento con la desaparición de poderes en Michoacán.
Lamentablemente la ausencia de Estado es un bumerán que puede revertirse en contra del Ejecutivo y su gobierno; y lo que es peor, puede extenderse a otros estados de la República.
Al rato, Peña Nieto será Presidente sólo de una parte de México. ¿O ya lo es?
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