Difícilmente se podría estar en contra de una educación de calidad, de que las telecomunicaciones se abran a la competencia y la pluralidad, de que Pemex sea una empresa eficiente y tenga un manejo honesto, de que el sistema electoral deje de estar dominado por la partidocracia y la mediocracia, de que en México paguen más lo que más ganan o de que haya más transparencia y mejor rendición de cuentas. En lo que sí hay diversas visiones y proyectos es en la parte siguiente, en las leyes secundarias, mecanismos concretos para lograr los objetivos y en las estrategias. Ahí están las decisiones y debates que ahora enfrenta el país.
Uno de los objetivos más importantes es la recuperación de las capacidades de regulación y rectoría del Estado, sobre todo frente al avance de los poderes fácticos, legales e ilegales. El debilitamiento de lo público estatal, que tiene diversas causas, es un fenómeno no privativo de México. Se ha desnutrido el perfil del estado nacional que tomaban decisiones con autonomía, y de la democracia liberal que garantizaba igualdad y libertades ciudadanas. Como dice Joan Subirats en su texto ¿Qué democracia tenemos? ¿Qué democracia queremos?, el Estado ha perdido peso hacia arriba por las instituciones supraestatales, hacia abajo por la descentralización y hacia los lados por las asociaciones público-privadas. En este espacio hemos escrito sobre la crisis del Estado mexicano que cubre al menos cuatro áreas: el modelo económico que no genera un mayor crecimiento; los monopolios que impiden la competencia; el vaciamiento democrático que produce insatisfacción ciudadana y el crimen organizado que pone en jaque la gobernabilidad.
Las propuestas de la coalición reformadora apuntan hacia esta recuperación, sin embargo, lo que hemos visto en estos meses es un forcejeo entre intereses que ha producido resultados polémicos. La mecánica de aprobar las reformas constitucionales y meses después pasar las leyes secundarias, complica la negociación. Al mismo tiempo, el ritmo actual ha precipitado un congestionamiento reformista que genera un caos social, como el que vive el Distrito Federal.
Las reformas hechas y las que vienen se han sobrevendido. El Estado necesita recuperar la rectoría en educación y pasar de la cobertura a la calidad, pero no hay que desconocer que el abuso sindical no es un hecho aislado, y que este arreglo corporativo es creación del régimen priísta, en el cual el panismo es corresponsable. Esta reforma educativa está lejos de garantizar calidad y la mezcla de lo laboral con lo educativo no es una buena salida: se reparte la facultad de hacer la evaluación entre la autoridad (SEP) y la institución evaluadora (INEE), se violenta la permanencia y la definitividad y se cancela el derecho de audiencia; la indefensión laboral no garantiza la calidad.
En la reforma de telecomunicaciones casi todo está por definirse en la ley secundaria. Varios de los candidatos al Ifetel no se ve que tengan el perfil para el cargo, por no cumplir los requisitos o no tener cercanía la tema. La AMEDI presentó al Pacto por México una propuesta ciudadana de ley y en estos días será llevada al Congreso; esperamos que sea tomada en cuenta, porque viene el momento definitorio. De igual forma sucede con la reforma financiera, en donde se crean expectativas infladas sobre cómo detonar el crecimiento con políticas como el abaratamiento del crédito, cuando estamos lejos de tener una banca de desarrollo en serio y una mínima política industrial.
La reforma energética infla las expectativas. El PAN y PRI ponen todas sus fichas en el cambio constitucional para abrir Pemex a la inversión extranjera, como si fuera una varita mágica para la inversión, bajar el precio de la luz y del gas y crear empleos. Morena ya inició el movimiento en defensa del petróleo, así que se complicará la reforma constitucional. La reforma fiscal presentada deja un panorama de claroscuros. Es positivo terminar con privilegios, simplificar, gravar a los de arriba y favorecer a los más desprotegidos; pero le falta la pieza de la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar que se haga un gasto público sin corrupción. ¿Se puede o no se puede?
Investigador del CIESAS
Leído en http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/09/66453.php
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