La propuesta de reforma fiscal es socialmente sensible: pagará más el que más gane y recibirá más el que menos tiene. Peña Nieto propone una reforma que no afecta los ingresos de la mayoría de la población y que mejora su bienestar. O sea, como en la máxima marxista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad”. Es socialmente sensible porque no incluye un alza de impuestos para 80% de la población que es la que gana menos de cinco salarios mínimos, porque transforma algunos derechos laborales en derechos fundamentales como la pensión universal y porque crea otros como el seguro de desempleo. Es socialmente sensible porque busca reducir algunos de los privilegios de los que gozan grandes empresarios o sectores que fueron consiguiéndolos a cambio de favores políticos: el régimen de consolidación fiscal, los regímenes especiales y los tratamientos preferenciales. Es socialmente correcta porque grava las utilidades obtenidas en la Bolsa y el reparto de las ganancias.
Además, es políticamente correcta porque al incorporar las demandas de la izquierda hace difícil que el PRD se excluya y ponga punto final al Pacto por México. Si el PRD e incluso el PT y MC son medianamente consistentes se tendría que aprobar la reforma con la totalidad de los votos de estas tres fracciones parlamentarias.
Lo que no está claro es si es económicamente solvente. La economía y la política siempre se topan, pero casi nunca de manera virtuosa. Las más de las veces se tropiezan. Lo que puede hacer sentido políticamente puede no hacerlo económicamente y viceversa. La lógica económica podía haber mandado la generalización del IVA, pero la lógica política aconsejaba no hacerlo. En un contexto de escaso crecimiento, alto desempleo, bajas expectativas y una opinión pública que piensa que el gobierno cobra y gasta de más, pero entrega poco, al gobierno no le pareció conveniente ni prudente imponer un gravamen al consumo sin distingos.
Hacer efectivos los derechos sociales de los mexicanos y detonar un mayor crecimiento es el lema de venta de la reforma. No hay quien se oponga a estos propósitos. La interrogante es si una reforma como la propuesta tiene el potencial para hacerlos realidad. Como en el resto de las reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto hay un problema de sobreventa. Según los discursos, esta reforma permitirá la creación del seguro social universal, incentivará la formalidad, detonará el crecimiento y mejorará la distribución del ingreso. No hay manera de saber si todo esto ocurrirá. Lo que sí sabemos es que de acuerdo con los primeros análisis la reforma, aún si se aprueba en sus términos, no da para tanta maravilla.
¿Alcanza la reforma para abastecer el sistema de seguridad social universal? y ¿sienta las bases para reanimar la economía?
Las cuentas no cuadran. Cuando en campaña se habló de un sistema de seguridad social universal los distintos cálculos sobre su costo fluctuaban entre 3.5 y cinco puntos del PIB. Si la reforma funciona, para finales del sexenio la recaudación se incrementaría en tres puntos del PIB. El resto tendría que salir del aumento de 0.4 a 1.5% en el déficit, o sea, del endeudamiento. Prácticamente no quedarían recursos para el segundo objetivo de la reforma: dinamizar la economía a través de la inversión pública. Cabría entonces la esperanza de recargarse en la inversión privada. Pero aquí habría que esperar la reacción del sector empresarial que no suele basar sus decisiones de inversión en el altruismo o el bienestar social, sino en las ganancias y esta reforma las reduce. Los empresarios no saldrán a las calles y tomarán el Zócalo, pero esto no quiere decir que no tengan otros métodos de presión: desde la salida de capitales para buscar otros destinos de inversión hasta el cabildeo en el Congreso y en Los Pinos.
Tampoco se ve claro que la economía pudiera tener un repunte por la vía de la ampliación del mercado interno. La reforma fiscal no sólo afecta a los grandes empresarios, sino también a las clases media y media alta: de los 240 mil millones que se piensan recaudar, más de 58 mil millones provendrán del ISR personal y otro tanto de impuestos que antes no se pagaban como el IVA a colegiaturas, transporte escolar o compra y venta de vivienda.
Si la lógica política aconsejaba no generalizar y aumentar el IVA había otras vías para incrementar y complementar la recaudación. Aunque la reforma incorpora algunas acciones para incentivar la formalización de la economía y así ampliar la base de contribuyentes, éstas parecen muy débiles. Serán los causantes cautivos, los de siempre, los que seguirán sosteniendo el gasto público. Lo mismo puede decirse de las medidas para una recaudación más efectiva. No hay nada en la reforma fiscal que lleve a pensar en una disminución medianamente seria de los fenómenos de elusión y evasión fiscales. Finalmente, la reforma es una decepción en cuanto al federalismo fiscal en donde el espacio para recaudar era extenso. El apoyo de los gobernadores a la reforma fiscal va a salir caro. Los estados seguirán dependiendo en más de 80% de los ingresos federales y seguirán generando únicamente 12% de ingresos propios. Pero no sólo seguirán sin cobrar impuestos. Además se les transferirá más de la mitad (0.9%) de lo que se piensa recaudar.
*Investigador del CIDE
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