Un escándalo generó el periódico El Universal al documentar esta semana la firma de un contrato entre la empresa PriceWaterhouseCoopers (PwC) y clientes de la Bolsa Mexicana de Valores para cabildear cambios a ordenamientos del paquete fiscal discutido en estos días.
Por modificar el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cabildear en el Congreso para eliminar el impuesto de 10 por ciento a las ganancias de las personas físicas del mercado bursátil, la firma de asesoría en asuntos fiscales cobraría un millón de dólares.
La aclaración de la empresa resultó ser tragicómica. Según José Quesada, el documento publicado por El Universal era tan sólo “un borrador” de una discusión y que ellos no cobraban en dólares sino en pesos. No negó lo fundamental: que hay un cobro por presionar a legisladores para modificar artículos y leyes al gusto del cliente empresarial. Quesada lo llamó “asesoría” y defendió el prestigio de PwC tan estricta en su manejo de imagen pública.
El caso PriceWaterhouseCoopers aceleró en la Cámara de Diputados lo que en estos días han ido documentando varios medios impresos y digitales: la guerra de los cabilderos con los diputados federales y senadores para modificar impuestos que afectan a intereses de refresqueras, de empresas de alimentos chatarra, de compañías inmobiliarias, de trasnacionales mineras (a las que se les gravarán 7.5 por ciento de sus utilidades) y un sinfín de actores corporativos que lo mismo defendieron la exención para espectáculos que para la goma de mascar o la comida para perros.
El mercadeo de dinero y apoyos por votos se aceleró en estos días. El Diputado perredista Alejandro Cuevas Moreno, secretario de la Comisión de Hacienda, reveló que empresarios yucatecos del Consejo Coordinador Empresarial invitaron a legisladores a una comida para advertirles que si gravaban con un peso el libro de bebidas embotelladas sus carreras políticas “estaban en riesgo”.
Fernando Zárate Salgado, legislador también del PRD, afirmó que los cabilderos ofrecen desde financiamiento para campañas electorales hasta bienes inmuebles. Cada artículo de un paquete tan complejo como el de la reforma fiscal se convirtió en la máxima explotación de la política de los intereses.
Sin embargo, el auténtico cabildeo y la corrupción legislativa en el país no ocurre sólo en las comidas o en las reuniones de diputados y senadores ambiciosos con representantes de compañías que “asesoran”. El cabildeo de altos vuelos no se ve, pero se siente. Se realiza en los corredores impenetrables de las grandes trasnacionales de telecomunicaciones, petroleras y bancos de inversión que están haciendo un verdadero negocio con las llamadas “reformas estructurales” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El milloncito de dólares (o de pesos) que cobraría PriceWaterhouseCoppers empalidece frente al gran negocio de operaciones más complejas como la reforma energética, la joya de la corona del Pacto por México. Ahí están los auténticos cabilderos.
La gran mayoría son ex directores de Pemex, ex titulares de Hacienda y ex secretarios de Energía durante los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón que se han vuelto los cabilderos más poderosos que ofrecen sus servicios a trasnacionales y bancos de inversión para impulsar los cambios a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales.
Los Cabilderos de Altos Vuelos
Tan sólo para tener una idea de los intereses que están en juego y de sus representantes, aquí una breve relación de los “cabilderos” de grandes ligas:
-Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, fundador de la consultora Protego, socio y padrino de tecnocracia del actual titular de Hacienda, Luis Videgaray, encabeza una de las redes más amplias e influyentes en las reformas estructurales del peñismo.
Aspe es accionista del fondo de inversiones Evercore Partners que adquirió en septiembre de 2012 el 20 por ciento de la firma Diavaz DEP, uno de los principales bancos de “inversión boutique” en el mundo. Al mismo tiempo, Evercore tiene participación accionaria en las empresas Davis Petroleum Corp; Velvet Energy LTD y TLP Energy, las cuales realizan operaciones en Estados Unidos y Canadá en los mercados de servicios integrales de “exploración y producción, y prestación de servicios de mantenimiento y rehabilitación a la industria petrolera”, según la resolución del 18 de septiembre de 2012 de la Comisión Federal de Competencia que autorizó la sociedad entre Evercore y Diavaz.
Diavaz y Pemex firmaron el primer contrato de extracción en el pozo Ebano-Pánucho de Chicontepec, Veracruz, en febrero de 2008, con una vigencia de 10 años.
Por si fuera poco, Aspe también es integrante del Consejo de Administración de Grupo Televisa. Y desde ahí no sólo asesora al gran consorcio de televisión y de telecomunicaciones sino articula campañas de opinión favorables a la inversión extranjera. Para el poderoso ex secretario de Hacienda, el nacionalismo “es un mito genial”.
-Jesús Reyes Heroles, hijo del funcionario del mismo nombre que dirigió también Pemex en la época de Gustavo Díaz y canceló los contratos de riesgo en la década de los sesenta, ahora está en las antípodas del teórico del liberalismo social mexicano y artífice de la primera gran reforma política del priismo.
Reyes Heroles hijo, ex Secretario de Energía entre 1995 y 1997 y ex director de Pemex de 2006 a 2009, con Calderón, fue reclutado por Morgan Stanley Private Equity, desde junio de 2012. El comunicado informó que la sociedad entre Morgan y la consultoría de Reyes Heroles es “construir una empresa de energía líder en la región, con una amplia base de inversiones y actividades relacionadas en el sector energético”.
-Adrián Lajous Vargas, ex director de Pemex entre 1994 y 1999, pertenece a la junta directiva de la trasnacional de energía, Schlumberger. De 2001 a 2012, durante la docena panista, Lajous fue consultor externo y asesor de energía de McKinsey y director de la empresa Ternium, productora de acero.
Lajous Vargas participó en los foros de debate sobre la reforma energética, tanto los organizados por el PRD como los del PRI. El ex funcionario zedillista apoyó las reformas constitucionales, pero propuso que en lugar de los contratos de utilidad compartida se impulsara la figura de licencias y permisos.
-Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex, fue designado el 22 de febrero de 2012 como presidente ejecutivo de la compañía Servicios Petroleros Oro Negro, cuyo objetivo es “perseguir oportunidades en el sector de servicios petroleros en México, donde la inversión en actividades de producción y exploración continúa creciendo”, según una nota informativa de la agencia Bloomberg.
Oro Negro es una iniciativa empresarial formada con fondos de las compañías norteamericanas Axis, Ares Management, y Temasek, de Singapur.
-Juan José Suárez Coppel, sucesor de Reyes Heroles en la dirección general de Pemex de 2009 a 2012, no esperó ni un año del fin de su gestión para ser reclutado por la empresa del sector energético Jacobs Engineering Group, vinculada al sector energético. La subsidiaria de esta compañía, Jacobs Nederland BV obtuvo en 2004 contratos para construir 18 plataformas en el pozo Ku Maloob Za, con inversiones por 2, 500 millones de dólares.
-Georgina Kessel, ex Secretaria de Energía y maestra de Felipe Calderón Hinojosa (como ella, ex titular de Energía y de Banobras en el sexenio de Fox), fue reclutada como integrante del Consejo de Administración de la compañía española Iberdrola, con extensas inversiones en nuestro país en materia de energía.
En la Cámara de Diputados, la legisladora Aleida Alavez propuso que se investigara a Kessel y a Suárez Coppel por la presunta violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al aceptar ser reclutados por compañías vinculadas al sector de donde ellos obtuvieron información privilegiada. PAN y PRI frenaron en comisiones este punto de acuerdo.
No podría ser de otra manera. Estos y otros funcionarios (incluyendo al multi chambas de Ernesto Zedillo) se han convertido en los auténticos cabilderos de las reformas estructurales de Peña Nieto.
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