Como consta a cualquier observador de la realidad mexicana, el Congreso de la Unión es la sala de máquinas del Estado mexicano. Ahí se da cita la representación de la pluralidad política para discutir y aprobar —o dejar de hacerlo si no hay la mayoría requerida— leyes y cambios constitucionales, para ejercer un contrapeso real al poder Ejecutivo, para cumplir con las tareas de control y vigilancia sobre otros órganos del Estado.
En el Senado desde el año 2000 ningún partido cuenta con la mayoría absoluta de votos y menos aún con la relativa para cambiar por sí solo la Constitución. Este nuevo perfil del Senado, fruto de unas reglas de integración que no sobre-premian a la primera mayoría y sobre-castigan a las minorías, le ha permitido a la Cámara alta ser una genuina colegisladora y, a la vez, cumplir con sus tareas particulares en relaciones exteriores y de expresión del pacto federal.
La creciente centralidad política del Senado hace aún más necesario su fortalecimiento institucional. De ahí que en la actual legislatura se haya puesto en marcha un venturoso proceso de reforma y consolidación del instituto de investigaciones legislativas del Senado, Belisario Domínguez (IBD). En abril pasado, el pleno aprobó por unanimidad una reforma al Estatuto del Senado para definir cinco principios rectores del Belisario Domínguez: imparcialidad, objetividad, relevancia, oportunidad y eficiencia. También se modificó su organización, con la creación de una Coordinación Ejecutiva de Investigación y de cuatro direcciones generales bien definidas funcionalmente: 1) Investigación Estratégica —para estudios sobre equidad y derechos sociales, desarrollo económico y sustentabilidad, sistema político y federalismo, así como de derechos humanos, seguridad y justicia—; 2) Análisis Legislativo —atendiendo la agenda parlamentaria, las solicitudes de estudios de las comisiones y órganos de gobierno, dando seguimiento y sistematizando el trabajo legislativo, y haciendo estudios de opinión pública—; 3) Finanzas públicas –con estudios sobre la factibilidad hacendaria de las decisiones legislativas, análisis de las finanzas públicas federales y de los estados y municipios y, 4) Difusión y publicaciones, para dar a conocer a través de ediciones impresas y digitales la investigación realizada en el Instituto y vincular a éste con instituciones académicas y la sociedad en general.
Esa reforma estaría trunca sin otra medida también aprobada y en curso: la contratación del personal de investigación a través de procesos de evaluación, para asegurar la idoneidad de los investigadores. Para ello, el primero de noviembre se emitió una convocatoria pública para cubrir 19 plazas de investigación mediante concursos de oposición abiertos. El cierre para recibir solicitudes de aspirantes concluye este 30 de noviembre. Además, el personal previamente contratado en el IBD está siendo evaluado.
La evaluación recae en académicos de prestigio provenientes de instituciones como la UNAM, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Iberoamericana y el ITAM, por ejemplo, y en profesionistas reconocidos en su campo de trabajo. La contratación de investigadores en el Senado no se sujetará a consideraciones políticas sino estrictamente académicas y profesionales, lo cual honra a los legisladores que han impulsado la reforma. Los investigadores no serán asesores de senadores o de grupos parlamentarios, sino que trabajarán profesionalmente para el conjunto del Senado.
Este es uno de esos cambios institucionales que, sin atraer la atención mediática, son significativos y pueden contribuir a nutrir la calidad del trabajo legislativo. Es, además, una afortunada coincidencia que el fortalecimiento del Belisario Domínguez se aprobara y operara en este año 2013, del aniversario del 150 natalicio y del centenario de la muerte del senador chiapaneco que con su vida defendió la democracia y la legalidad de la República.
(El autor es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM)
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