Una extraña negociación se lleva a cabo entre la Coordinadora y la Subsecretaría de Gobierno de la SG desde hace meses: no sabemos qué es lo que se está negociando. En Chiapas se llega a un acuerdo por lo menos extraño: los maestros regresan a clases después de 87 días de paro y de haber bloqueado vialidades y carreteras por doquier.
Como negociación les fue muy bien: les han pagado los salarios completos, no queda nada claro si es que se recuperarán los días de clases perdidos y ya están preparando todo para salir de vacaciones en unos quince días. Como pilón anunciaron que, para mantenerse en la lucha mandarán unos mil 500 “maestros” (¿no era que regresaban todos a trabajar?) al plantón en el DF. De aplicación de la reforma educativa nadie ha hablado.
Los que sí han hablado son los de la Sección 22 en Oaxaca. Lisa y llanamente han dicho que la reforma en su estado no se aplicará. Todo funcionario magisterial que proporcione algún tipo de información a quienes están intentando levantar el censo de maestros, alumnos y escuelas en el estado será sancionado por el sindicato, y como el sindicato maneja los puestos laborales en todo el sector, ello implica que quien lo haga está amenazado de lisa y llanamente quedarse sin trabajo: no hay margen para la disidencia en la Sección 22. Y sino que le pregunten a los maestros que decidieron dar clases, a los que han pedido su traslado a la pequeña Sección 59 que responde al SNTE (los de la 22 tomaron las oficinas de esa Sección en Oaxaca, lisa y llanamente las destrozaron y se robaron todo) o incluso a los padres de familia que hicieron trabajar sus escuelas pese al paro. Las mismas, amenazan los miembros de la Sección 22, será retomadas con violencia si es necesario, y ya lo han hecho en un par de ocasiones.
Pero el punto central es que si no hay censo difícilmente se podrá aplicar reforma educativa alguna. No se sabe en Oaxaca, y en muchos otros puntos del país, cuántas escuelas hay, cuántos alumnos y en este caso lo más importante es que tampoco se sabe cuántos maestros hay, cuántos de ellos trabajan como tales y cuántos están comisionados y si los salarios que se pagan están en consonancia con los que realmente trabajan, ya que hay ocasiones en que los sueldos se dividen entre varias personas y otros en que una sola persona cobra varios salarios a la vez. La versión más extendida es que son muchos más los que figuran en las nóminas que los que trabajan y eso es lo que permite explicar, entre otras cosas, la capacidad de movilización de la Sección 22 (o de otras secciones como las de Chiapas o Michoacán): tienen gente que trabaja exclusivamente en eso, en movilizarse y los afiliados que no participan en las marchas y bloqueos, simplemente se quedan sin salario y, si reinciden, sin trabajo. Por eso un simple censo se convierte para estos grupos en un arma tan peligrosa. Algo tan sencillo como contar a los maestros se torna en un desafío inaceptable para ellos.
Por esa razón la pregunta de si realmente se aplicará la reforma educativa es pertinente. En estados como Oaxaca y Chiapas (o Michoacán y Guerrero) estará la prueba de fuego de una reforma que pasado este periodo de tránsito, de sembrar para cosechar el día de mañana, como lo llamó el propio presidente Peña, se debe convertir en un objetivo social y político indiscutible. Es tan inaceptable la existencia de bolsones de poder sin control público alguno como mantener conscientemente a millones de niños en una ignorancia apenas disimulada.
Por cierto, al momento de escribir estas líneas la versión de que habrá cambios de fondo en la Secretaría de Educación Pública (se habla de la llegada de Aurelio Nuño en lugar de Emilio Chuayffet) suenan casi irresistibles.
La violencia contra las mujeres
Los datos del INEGI son imposibles de ocultar o ignorar. 65 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han vivido al menos un episodio de violencia a lo largo de sus vidas. 47 de cada 100 han tenido han sido agredidas por sus novios o esposos. Cinco millones 800 mil mujeres han sufrido una violencia grave o muy grave de parte de sus parejas. Un millón 200 mil mujeres han sido víctimas de violencia física extrema a un grado tal que han puesto sus vidas en peligro.
Cuando hablamos de feminicidios, pese a todo, Chihuahua sigue siendo el estado del País con mayor número: 146 asesinatos de mujeres sin resolver en lo que va del año. Desde 1999, suman ya más de dos mil. Y por cierto, el asesinato de toda una familia incluyendo dos mujeres y unos niños ocurrido hace unos días en Ciudad Juárez no ocurrió por una apuesta no pagada como se dijo oficialmente. Los familiares sobrevivientes aseguran que fue una venganza de Los Zetas.
Leído en http://www.am.com.mx/opinion/leon/una-reforma-que-no-se-aplica-5348.html
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