El Pacto ha dado un nuevo fruto. El primero de la agenda de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. A un año de su presentación por fin se aprobó la iniciativa de reforma constitucional que otorga autonomía plena y naturaleza “nacional” al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
Es de celebrar que los legisladores se hayan decidido a aprobarla, pues es un paso más no sólo en el derecho a estar informado sino también en los medios para hacer realidad a nivel nacional el ejercicio de este derecho. No es cosa trivial. Muchos de los derechos inscritos en la Constitución son ficticios al no prever los mecanismos para hacerlos valer. Es el caso del derecho a la justicia, a la seguridad, a la alimentación, a la educación, al libre tránsito y tantos otros.
Aunque hubo intentos serios por socavar la profundidad de la reforma, al final se logró preservar y hasta aumentar su alcance. El IFAI quedará fortalecido con el mayor grado de autonomía posible, la ampliación de sus facultades, la extensión de la lista de sujetos obligados directos (los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los partidos, fideicomisos y fondos públicos así como con las personas físicas o morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal), su conversión en un órgano de jurisdicción nacional para conocer de recursos de revisión de las resoluciones de los institutos de transparencia locales, la definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones (con contadas excepciones) y la expedición de una Ley General de Transparencia que llevará a la unificación de criterios con validez en todos los órdenes de gobierno.
Se dice que la información es columna vertebral en la rendición de cuentas, pero en realidad por sí misma está lejos de ser suficiente. Para que lo sea hacen falta dos condiciones más. Primero, que los ciudadanos sepamos aprovechar las posibilidades que da este instrumento y nos interesemos en solicitar y publicitar la información a la que tenemos acceso. Segundo, que la amenaza de que se pueda acceder al mundo de la información pública actúe como inhibidor de conductas corruptas. Para ello hace falta, a su vez, que el aparato de justicia administrativa y penal funcionen. Estas dos piezas para que la rendición de cuentas sea algo más que una ficción están lejos de ser una realidad en nuestro país.
Como lo demuestra México, la transparencia está lejos de ser la antípoda de la corrupción.
A partir de la aprobación de la Ley de Transparencia en 2002, nos convertimos rápidamente en referente de un buen sistema de acceso a la información con un órgano autónomo que la hace valer, con reglas precisas y un grado de cumplimiento de las resoluciones dictadas por el pleno del IFAI nada despreciable.
Gracias al acceso a la información los medios y las organizaciones sociales —los más asiduos usuarios de este derecho— han podido desvelar grandes actos de ilegalidad, abusos, privilegios y comportamientos que lindan en la corrupción. Ahí están la contratación de deuda de los estados, el desvío de dinero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), las exenciones en el pago de impuestos, el número de maestros comisionados fuera del aula o los “moches” por recibir o agilizar recursos del presupuesto.
Pero lejos de haber avanzado en materia de corrupción retrocedemos. Ni la transparencia ni la publicidad de la información han incidido en la corrupción. Cada vez tenemos más información de presuntos delitos y presuntos responsables entre los funcionarios públicos, pero ninguna información sobre su inocencia o culpabilidad. Seguramente porque al acceso a la información no sigue el acceso a la justicia: la apertura de un expediente, el juicio y la exoneración o condena.
La transparencia no basta para evitar la corrupción y cerrar la pinza de la rendición de cuentas. También hace falta voluntad. Ahí está Brasil, que no se acerca a México en materia de su ley de transparencia ni cuenta con un órgano con la autonomía, las facultades y las capacidades del IFAI. Pero, en contraste con México, sí ha dado muestras de la voluntad para combatir la corrupción. Su Presidenta ha despedido a seis ministros por estar vinculados con escándalos de corrupción y su Suprema Corte ha procesado a decenas de funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT) por emplear fondos públicos para comprar votos en el Congreso. Aunque Brasil no es un ejemplo de honestidad y probidad en su sector público ahí está la aprobación de la Ley Ficha Limpia que impide a los políticos con antecedentes penales ocupar cargos públicos; la promulgación de la Ley Anticorrupción, que corresponsabiliza a los funcionarios, empresas y empleados de las mismas del delito de cohecho y la ley recién aprobada que prohíbe el voto secreto para despojar de su mandato a legisladores acusados de irregularidades. ¿Y México?
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar
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