Como sea y hasta ahora, el Ejecutivo y las dirigencias partidistas han mostrado dominio y control sobre los legisladores de sus respectivos partidos. Sacaron adelante los proyectos legislativos pactados cupularmente, pero no han acreditado capacidad de instrumentación y gobierno sobre estos. En el campo de la educación, hacienda y las telecomunicaciones está por verse si cuentan con fuerza, inteligencia, habilidad y coincidencia para llevar a buen puerto esas reformas.
Sin dudar de los probables dividendos políticos de la determinación del Ejecutivo y los partidos, los costos están a la vista. Legislar por encargo ha provocado conflicto entre los grupos parlamentarios y su respectiva dirección partidista; los probables efectos de lo legislado han activado la resistencia social y elitista; y, en paralelo -sin relación directa con esos procesos-, la incontenible actividad criminal cuestiona la capacidad del gobierno para revertir la violencia y la inseguridad pública.
Dicho en breve, las condiciones y la atmósfera para sacar las reformas energética y electoral son distintas, adversas para ser precisos. Es hora de considerar la suspensión de ellas y demostrar que, además de capacidad legislativa, hay capacidad de gobierno en las reformas ya logradas.
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Si de por sí las reformas aprobadas -la de telecomunicaciones con la parte reglamentaria aún pendiente- han cimbrado los pivotes de la estabilidad social y económica, la energética y la electoral pueden lastimar los cimientos del régimen en su conjunto. Peor todavía si éstas se negocian al tenor del trueque, el canje o el juego de las sillas musicales. Tensar aún más la estructura interna de los partidos, incluida la del Revolucionario Institucional, puede vulnerar la posibilidad de aterrizar y administrar las otras reformas.
El Ejecutivo y los partidos deben ahora acreditar -antes de emprender las reformas electoral y energética- que saben gobernar. Esa habilidad no está demostrada, como tampoco el efecto saludable de las reformas aprobadas. Falta ejecutarlas, acción relacionada con cumplir. Sin demostrar eso y sin formar capital político de nuevo, tocar el régimen electoral y el régimen energético supone no jugarse un riesgo, sino correr un peligro.
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La reforma electoral aún en curso ya tuvo un doble fracaso. Nació mal, producto de un subpacto y, peor todavía, atada a otras reformas. Se quiere aprobar porque está comprometida, pero carece de concepto y diseño. Lejos de solucionar, va a generar nuevos problemas.
De entrada, ya fracasó la conversión del Instituto Federal Electoral en el Instituto NacionalElectoral que borraría a los órganos electorales estatales y centralizaría la organización, el control y la regulación de cuanta elección hubiera. Con o sin línea, los gobernadores doblaron a los partidos opositores. Se puede maquillar el fracaso y rebautizar al órgano electoral, pero se está dando lugar a un instituto híbrido, costoso y sin calcular su efecto. No mejora, empeora al IFE. Vamos, ni siquiera está claro si la reforma que se tramita es la que el país necesita.
De salida, la perversidad de anunciar una lista de candidatos a consejeros electorales temporales y ocultar una lista de candidatos definitivos deja muy mal parados al Ejecutivo, al Legislativo y los partidos. Manosear nombres, famas y prestigios, sin resolver qué instituto se requiere, vulnera la credibilidad en el órgano y los consejeros. Aún no nacen, pero ya presentan malformaciones.
Si se quiere replantear el régimen electoral en serio, es menester hacerlo no bajo la mesa y mucho menos sobre las rodillas. Si sólo se pretende redistribuir cuotas, prerrogativas y privilegios partidistas en el rejuego electoral, mejor no hablar de una reforma. Desgasta el concepto.
Se están haciendo mal las cosas, lo sensato es trasladar esa reforma al próximo periodo ordinario de sesiones en vez de sacarla ahora a como dé lugar. Andar tocando los botones y los resortes del régimen electoral sin tener claro qué se quiere va a lastimar lo que se tiene con efecto a la próxima elección intermedia.
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Igual que la anterior, la reforma energética nació mal. Sin un diseño acabado se planteó en el extranjero, se guardó u ocultó su contenido, se presentó incompleta -en este caso, no se puede plantear por separado la reforma constitucional y la reglamentaria, la letra grande sin la chiquita- y elude, increíblemente, la urgencia de sanear a Petróleos Mexicanos a partir una radical reforma administrativa. Una acción que no exige modificar leyes, pero sí determinación para liberar el consorcio de la ordeña fiscal, sindical, gremial y criminal.
Sin atacar a fondo la corrupción, el robo y la ineficiencia de esa empresa, plantear de golpe su apertura a la competencia internacional es rematarla, jurando que fue un suicidio asistido. Revelada, además, la intención de llevar la apertura más allá de donde se anunció, permite pensar que si el calderonismo entregó la seguridad nacional a los servicios de inteligencia estadounidense, el peñismo entregará la industria nacional petrolera al extranjero.
¿Quiere el gobierno sanear y abrir a Pemex? Adelante, pero que empiece por el principio. Por una ambiciosa reforma administrativa, misma a instrumentar en el primer trimestre del 2014, con resultado al finalizar el primer semestre del 2015. Entonces y, de ser el caso, luego de la elección intermedia donde se califique la actuación del partido en el gobierno, replantear su reforma constitucional y reglamentaria. De otro modo, es un peligro.
Ir a los contratos de producción compartida, a las licencias y concesiones radicalizará a partidos y movimientos resistentes a la reforma y, ojo, meterá en un conflicto al partido tricolor. Hay priistas que hasta allá no apoyan la reforma, excede su conciencia y convicción.
Si el más veloz de los vehículos exige tiempo, así sean fracciones de segundo, para pasar de 0 a 100 kilómetros por hora, con mayor razón lo requiere un paquidermo industrial ordeñado, corrompido y castigado por décadas. Pensar lo contrario es un cuento. Si la reforma de Petróleos Mexicanos no establece etapas, plazos, alcance y ritmo es imposible apoyarla.
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En las condiciones y atmósfera prevalecientes, insistir en sacar a como dé lugar las reformas electoral y energética es un peligro. No son reformas estructurales, son coyunturales. Gobernar y concretar lo que se tiene es lo recomendable, además de formar capital político de nuevo.
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