Más de una vez critiqué aquí la vaguedad de los juicios y la insuficiencia de casos concretos en los reportes anteriores de Human Rights Watch. Pero el informe, titulado “Ni derechos ni seguridad (asesinato, tortura y desapariciones en la guerra de las drogas)”, es sólido, estruja.
No me detengo en la estadística, bien articulada, de las 39 desapariciones “en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad”. O en las 24 ejecuciones extrajudiciales con “pruebas creíbles”.
Lo medular, pienso, está en la investigación que deja ver cómo los familiares de los desaparecidos son objeto de tratos “particularmente crueles”, y que pone luz sobre la inoperancia, si no es que futilidad, de las comisiones de derechos humanos. Y, desde luego, en la documentación de que la mayoría de las víctimas han sido jóvenes de origen humilde.
Un documento así vuelve muy difícil rebatir la que quizá sea la frase política esencial de las 214 páginas: “A pesar de que no se investigan adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos, es habitual que funcionarios gubernamentales desestimen las denuncias de las víctimas como falsas y describan a las víctimas como delincuentes. El modelo para este discurso contradictorio ha sido proporcionado por el presidente Calderón, quien por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la ‘premisa mayor’ de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada y, por otra parte, ha expresado su disgusto ante denuncias que ‘no son ciertas’ de abusos cometidos por militares”.
Una retórica peligrosa, según Human Rights Watch, reproducida por funcionarios civiles y militares en todos los niveles.
Y eso es absolutamente cierto.
Lo mismo en http://impreso.milenio.com/node/9059508
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