Aumentan los indicios de que México tendrá un problema mayúsculo de rendición de cuentas en materia de derechos humanos.
El más potente de esos indicios es la configuración de un movimiento, incipiente pero vigoroso, de reclamos de las víctimas.
El hecho de que miles de familiares no hayan recibido de las autoridades a veces ni el principio de una explicación sobre la muerte violenta de alguno de sus miembros, ha empezado a ser lo que debió ser siempre: un escándalo público.
Y configura hacia adelante uno de esos profundos movimientos de reclamos por desaparecidos que han desembocado en muchos países en la instalación de comisiones de la verdad y en el juicio, extemporáneo pero efectivo, a responsables.
Sigue siendo verdad, y una verdad de peso, que en la espiral de violencia de México la cuota homicida mayoritaria es la del ajuste de cuentas entre bandas criminales, cada vez más sanguinarias.
Pero crecen también las evidencias, indirectas y aisladas aún, pero sustantivas, de que durante estos años de combate al crimen, la fuerza pública, por igual policías que militares, ha incurrido en conductas extrajudiciales, violatorias de derechos humanos.
Ayer se dio a conocer un reporte de Human Rights Watch que configura los argumentos de lo que podrá ser el alegato internacional por los derechos humanos en México.
El título del informe habla ya de la fuerza y la profundidad con que se plantea la denuncia: “Ni seguridad ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México
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