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| Alejandro Encinas |
En el discurso de los “modernos”, los trabajadores siempre pagan los platos rotos. En aras de la “modernidad”, se conculcan derechos y garantías; se limitan los salarios, se favorece a los monopolios; se admiten márgenes inimaginables de ganancias que concentran el ingreso y profundizan la desigualdad. El Estado abdica de sus responsabilidades sociales y de la rectoría económica. Mantiene privilegios, asume pérdidas privadas, alienta el corporativismo y la corrupción. Todo en aras de la “modernidad” que le exige a México el mundo globalizado.
Desde el gobierno de Miguel Alemán, la “modernización” implicó el desmantelamiento de los derechos sociales conquistados en la Revolución y que fueron cimentados por el cardenismo. Los “modernos” consolidaron una corrupta burocracia estatal que alentó negocios al amparo del tráfico de influencias. Así, establecieron el Amparo Agrario que creó una barrera jurídica para impedir el reparto agrario y la distribución de los latifundios enmascarados como pequeñas propiedades. Fue entonces cuando politólogos prestigiados, como Daniel Cosío Villegas, hablaron de la “muerte de la Revolución Mexicana”.
Durante el gobierno de Salinas, en pleno auge de la “modernidad” neoliberal, se desmanteló el entramado institucional y jurídico del “Estado benefactor”, como sucedió con la reforma al artículo 27, que buscó alentar la privatización del ejido y la comunidad. Sobre el particular, Lorenzo Meyer habló de la “segunda muerte de la Revolución Mexicana”.
Cumplido el centenario de la gesta revolucionaria y tras tres décadas de neoliberalismo, asistimos a la sepultura definitiva de suslogros sociales con el aniquilamiento de una de las garantías más importantes: el derecho al trabajo y a un salario remunerador.
La Constitución de 1917 superó el liberalismo individualista que propiciaba manos libres a los propietarios para conformar un capitalismo salvaje y estableció la responsabilidad del Estado para tutelar la relación entre patrones y trabajadores.
Aún resuena el intenso debate en el Constituyente donde los “modernos” de entonces se desgarraban las vestiduras argumentando que establecer derechos mínimos para los trabajadores y el derecho de huelga equivalía a “poner pistolas a un Santo Cristo”, porque establecía la “igualdad de las partes ante la ley”, y que el Estado debería dejar a empresa y trabajador convenir su contrato. Lo que rebatieron Heriberto Jara y Francisco Mújica al señalar que si para garantizar los derechos de los trabajadores era menester poner pistolas al “Santo Cristo” habría que hacerlo, pues el Estado debía tutelar los derechos de los trabajadores, garantizando el equilibrio entre los factores de la producción, para evitar que los empresarios, abusando de la necesidad de los empleados, pasaran por encima de éstos.
Valga la referencia histórica para advertir que, si bien el entorno es distinto, la reforma que se debate alentará el encono de clase, ya que la desregulación de la relación laboral, con las modalidades de subcontratación (outsourcing), la contratación temporal, a prueba o por capacitación, hora, día, mes, y la flexibilización del despido sin responsabilidad para los patrones; deja en total indefensión a los trabajadores. Lo que se agudiza al mantener instrumentos de control corporativo como las juntas de conciliación y arbitraje, la toma de nota y la opacidad en el registro de contratos que se firman a espaldas de los trabajadores, que han permitido la proliferación de contratos de protección y sindicatos gangsteriles, como el que encabeza Salvador Gámez.
El Senado tiene la oportunidad de revertir esta iniciativa de los modernos actuales, que de aprobarse llevará a una mayor precarización del empleo, que hace a un lado la democracia y transparencia, y que posterga, una vez mas, la justicia laboral.
Senador por el PRD
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