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| Manuel Camacho Solís |
La minuta que aprobó la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo —que inició el presidente Felipe Calderón y que respaldó el presidente electo, Enrique Peña Nieto— debe ser corregida por el Senado. Como quedó ni siquiera satisface al sector patronal que la promovió y daña la imagen del presidente electo, que necesita pintar su gobierno con contenidos de modernidad, inclusión y rendición de cuentas. No logrará crear los empleos que postula. Menos aun avanzar en la formalización del mercado del trabajo y en el cambio de un régimen corporativista disfuncional a una economía de mercado y contrario a una vida política democrática.
La “reforma” confronta, debilita la cohesión social, no apoya el crecimiento del mercado interno, no haría más productiva la economía mexicana, va en contra del “para que ganes más”, que fue la principal oferta del candidato del PRI.
La actual Ley Federal del Trabajo de 1970 no corresponde con el modelo económico ni con el modelo político. El modelo de desarrollo estabilizador —crecimiento sostenido de la economía, el empleo y las prestaciones sociales— dejó de ser viable. Las crisis económicas, la inflación, las políticas de ajuste, el desempleo, el crecimiento del sector informal, la corrupción y la mayor competencia global debilitaron al trabajo frente al capital. Una reforma laboral podría ser un instrumento poderoso de impulso a la productividad, que ofreciera al trabajo mayores y mejores oportunidades de empleo y más seguridad al capital.
Una reforma como la actual —que busca liberalizar el mercado del trabajo, cuando ya está liberalizado— no es una reforma. Es una contrarreforma. No ofrece la oportunidad de asociar el crecimiento del salario al de la productividad, de reducir la informalidad y de crear relaciones más sanas y transparentes en la vida sindical y en la administración de la justicia laboral.
La reforma actual cierra la puerta a una verdadera reforma que tendría que democratizar, transparentar, impulsar la productividad, universalizar la seguridad social y sostenerla con una base fiscal duradera y suficiente.
Se entiende que los abogados de la Coparmex lleven décadas apoyando este proyecto. Que el presidente Calderón la impulse en el último momento para posicionar a su partido y que, con su apoyo, el presidente electo quiera congraciarse con el sector patronal y el discurso de las reforma estructurales. Sin embargo, con los contenidos de la minuta, la reforma ya sale demasiado cara hasta para sus promotores. ¿Conviene al PAN negar su discurso de democracia y transparencia? ¿Conviene al PRI marcar a su futuro presidente como uno sometido a los poderes fácticos y adversario de la democracia y la transparencia? ¿Convienen a los empresarios algunas adecuaciones que hicieron los diputados a la iniciativa?
Los senadores del Movimiento Progresista ya han dicho: ¡no a la reforma! Han cuestionado la constitucionalidad de una iniciativa preferente que no dio cumplimiento a la obligación que establecía el artículo segundo transitorio. Han abierto el diálogo con el movimiento obrero y con los empresarios y especialistas en la materia. Han llamado a los senadores y senadoras del PAN a votar juntos en favor de la democracia y la rendición de cuentas en los sindicatos. Llaman al PRI, Verde y Panal a una última reflexión sobre los costos y beneficios de aprobar la minuta en sus términos. Para el próximo gobierno la reforma, así, es una mala inversión política y una débil respuesta económica.
Con los senadores progresistas, yo votaré en contra, y si el PAN se sostiene en favor de la democracia sindical y la rendición de cuentas, para que la minuta regrese a la Cámara de Diputados. Esta reforma está lejos de responder a los cambios de fondo que la sociedad reclama.
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