Ricardo Alemán - ¿Qué apesta en el Poder Judicial?

Luego del asombro colectivo por el crimen de Eduardo Moreira –hijo del ex presidente del PRI y ex Gobernador de Coahuila–, la llamada opinión pública recibió un nuevo "descontón", al enterarse que uno de los presuntos criminales salió de prisión –días antes–, luego que un juez federal reclasificó el delito que lo había llevado a un penal de Alta Seguridad.

Al conocer que Rubén Sifuentes Cadena (a) "El Shaggy" era presunto autor material del crimen de Moreira –y que había salido de prisión gracias a los "buenos oficios" de un juez federal–, menudearon las opiniones de que el Ministerio Público federal y/o el juez en turno, hicieron mal su trabajo. ¿Por qué?

Elemental, porque apenas pisó la calle –luego que salió del Penal de Alta Seguridad de Puente Grande, en donde había ingresado por delitos vinculados al crimen organizado–, "El Shaggy" retomó su carrera delictiva, ahora en la modalidad de sicario; al convertirse en principal matarife del joven Eduardo Moreira.



Pero no, al revisar cuidadosamente el caso, el trabajo periodístico de distintos medios reveló que el problema no había sido el Ministerio Público Federal, sino un juez federal presuntamente corrupto que –quién sabe por qué artes–, decidió reclasificar los delitos por los que "El Shaggy" estaba en prisión, con lo que garantizó su libertad: ¿Y por qué presumimos que se trata de un juez presuntamente corrupto?

Porque no era la primera ocasión en la que el juez federal Samuel Meraz Lares, titular del Juzgado Séptimo con sede en Jalisco, aparentemente prestó sus "buenos oficios" para dejar en libertad a presuntos implicados con causas criminales. Resulta que Meraz Lares habría favorecido, con la reclasificación de los delitos, a dos presuntos prestanombres vinculados al caso del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

Según el diario La Razón, los acusados Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, permanecieron sólo cinco días en prisión, a pesar de que la PGR los mantuvo bajo arraigo casi tres meses, en tanto perfeccionaba la acusación en su contra. Sin duda que cabe la posibilidad de que la PGR y/o el Ministerio Público Federal cometan serias equivocaciones en cuanto a la consignación de presuntos implicados en delitos federales. Pero también es cierto que no es la primera ocasión que se descubre la escandalosa corrupción que campea en no pocos niveles del Poder Judicial.

Y es que el tema de la corrupción en el Poder Judicial no es ninguna novedad, ya que mientras se depuran los sistemas de transparencia para los tres órdenes de Gobierno –municipal, estatal y federal–; mientras que se reclama transparencia en los procesos electorales, en los partidos y en estos momentos se pide democracia y transparencia sindicales, en el Poder Judicial campea la opacidad.

¿Por qué todos reclaman transparencia en el Poder Ejecutivo –al que se le imponen severos diques contra la corrupción–, mientras que pocos reclaman cuentas –y nadie las rinde–, en los poderes Judicial y Legislativo?

El problema parece estar en carencia de contrapesos reales y efectivos en el Poder Judicial, que al menor intento de crítica y reclamo sobre la escandaloso corrupción se dice agredido, violentado y, en el extremo, se enfrenta a sus pares; Ejecutivo y Legislativo, para mantener la opacidad; su carácter de poder intocable. 

Y no es novedad que tal o cual juez federal deja en libertad a tal o cual delincuente; de tal o cual cártel o banda criminal. Y a pesar de las denuncias, críticas y evidencias, no pasa nada. Son excepcionales los casos en los que se investiga o sanciona un juzgador por la parcialidad de sus decisiones.

¿Por qué a nadie parece importar la presunta corrupción en el Poder Judicial? Porque reconocer el cochinero sería aceptar que el Poder Judicial debe cambiar desde sus cimientos; que la impartición de justicia no puede continuar como mercancía que se vende al mejor postor. ¿Quién decide, bajo qué criterios, y con qué controles son seleccionados los jueces? La opacidad manda.

Pero el problema viene de lo más alto del poder. Todos saben que el Presidente Calderón propuso al Senado de la República dos ternas para seleccionar a los nuevos ministros de la Corte. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar esas termas? ¿A quien consultó el Presidente para proponer esos seis nombres? ¿Por qué ellos? ¿A qué grupo pertenecen..? Lo cierto es que dos de ellos, Emma Meza Fonseca y Alberto Pérez Dayán –que sustituirían a Guillermo Ortiz Mayagoitia y a Sergio Aguirre Anguiano, respectivamente–, son los preferidos del Presidente, y se espera que sean los seleccionados. Al tiempo.

Leído en: http://www.noroeste.com.mx/opinion.php?id_seccion=104