lunes, 5 de noviembre de 2012

José Carbonell - Crónica de una infamia

La guerra contra el narcotráfico –o la lucha en contra del crimen organizado o como quiera que ahora le llame el gobierno federal– no sólo deja más de 60 mil muertos e infinidad de heridos, desaparecidos y desplazados. La estrategia del presidente Calderón no sólo ha resultado en el combate a los delitos, sino que durante su gobierno han crecido de forma exponencial. 

Más allá de toda esta tragedia humana –que toca de una forma u otra a prácticamente todos los mexicanos–, la batalla emprendida por el Presidente deja sumamente debilitado al estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. A pesar de todo el discurso oficial y de todos los recursos invertidos, lo cierto es que la impunidad es igual (si no es que mayor) que antes. 

Durante este periodo se ha construido un relato –desde el propio poder– justificando la inacción y la negligencia de las autoridades, que lejos de ayudar, empeoró la inseguridad en el país. 






Ante cualquier muerte, atentado o acto delictivo medianamente importante, los gobernantes se limitan a declarar que fue un enfrentamiento entre grupos o bandas rivales, y las víctimas –así como los victimarios– pertenecen a uno u otro grupo. Punto. Asunto cerrado. 

En la mayoría de los casos no se toman la molestia siquiera de abrir una averiguación previa o de indagar mínimamente. No hay nombres de las víctimas (para qué tomarse la molestia de identificarlos, si pertenecen al bando de los “malos”), ni de los presuntos culpables; no hay explicaciones (más allá de la de cajón: enfrentamiento entre grupos rivales, disputándose la plaza); y mucho menos hay alguna prueba que demuestre el dicho de la autoridad. Al día siguiente parece que aquí simplemente no pasó nada. 

Como certeramente apunta Fernando Escalante, “la violencia se explica mediante un relato casi abstracto, estereotipado, reiterativo e imposible de verificar, en que los cárteles compiten entre sí, y son en realidad los únicos actores, y por otra parte las víctimas permanecen anónimas, aunque más o menos explícitamente asociadas a la delincuencia”. 

Para el aparatado de seguridad del Estado mexicano, esta especie de justicia del narco, en donde unos y otros se matan, es algo parecido a la justicia divina, y por lo tanto no hay que molestarse en investigar y pretender aplicar un “poco” de justicia terrenal.

De hecho, durante este sexenio varios términos se han incorporado a nuestro lenguaje diario, palabras que antes nos sonaban lejanas, cuando no francamente desconocidas. Sicario, levantón, controlar la plaza, calentar la plaza o jefe de plaza, halcón y halconeo, lugarteniente, abatir o abatimiento como eufemismo de ejecutar, son expresiones de uso corriente que podemos leer todos los días en la prensa, resultado de la guerra en contra de la delincuencia organizada (otro eufemismo). Este nuevo vocabulario sólo es una muestra más del grado de descomposición social al que hemos llegado. 

Más allá de la brutalidad –inequívoca– desatada por los diversos grupos delincuenciales, lo más preocupante es que parece que el Estado mexicano –en todos sus niveles– ha abdicado de su obligación, cuando no ha caído en esa misma barbarie que supuestamente combate. 

En materia de seguridad y derechos humanos, este periodo ha sido una verdadera infamia, entendida en cualquiera de las acepciones del diccionario (descrédito, deshonra, maldad, vileza). Sin duda será recordado como nuestros años de plomo. 

Por el bien del país y de todos nosotros, esperemos la pronta rectificación. 

Twitter: @jose_carbonell 

http://josecarbonell.wordpress.com

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/05-11-2012/10516. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

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