Como con las reformas fiscales, cada sexenio el Presidente o los partidos anuncian su intención de llevar a cabo una reforma electoral, ahora sí, definitiva. Esa que borrará de la faz de la tierra mexicana todo quebranto de la ley por parte de todos los actores involucrados en los procesos electorales y que nos convertirá en una democracia ejemplar.
Nos resistimos a aprender de la experiencia. Creemos que los conflictos electorales tienen su origen en una normatividad deficiente y apostamos a que las conductas ilegales, que sin duda se presentan en cada elección, van a erradicarse si alguna vez logramos una ley perfecta acompañada de una institucionalidad también perfecta.
Esta concepción hace caso omiso de tres realidades. No hay leyes perfectas en el sentido de que anticipen todas las situaciones y prevean todas las sanciones. Tampoco hay evidencia en el ámbito electoral —como no la hay respecto al crimen o al pago de impuestos— de que sanciones más severas inhiban conductas ilegales. Lo que suele suceder es que a mayor reglamentación y rigidez de la ley, mayores los incentivos a buscar formas más ingeniosas para darle la vuelta y mayores recursos destinados a evadirla. Finalmente está claro que dada una base razonable de equidad y justicia electorales las democracias se diferencian por los valores, actitudes y conductas de sus políticos y ciudadanos más que por sus normas.
La Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, que ha contribuido por más de 20 años a la democratización del país, envió a la mesa del Pacto una propuesta de reforma a la que bien podrían acogerse los partidos tanto por su sencillez como por la solidez de su diagnóstico y argumentación. El diagnóstico del IETD es atinado: “La compleja organización de las elecciones en México ha demostrado ser fuente de certeza legal y garantía para un voto libre y una competencia equitativa y limpia”; “los datos y las evidencias muestran que el ‘piso’ de las elecciones… se encuentra bien construido”; “muchos de los problemas denunciados como “electorales” no lo son, pertenecen a otros ámbitos… y no podrán ser resueltos dentro de la lógica comicial”.
Sus recomendaciones también son certeras. En lugar de la “agenda inconexa” de las iniciativas del PAN y PRD, que buscan la centralización absoluta de la legislación, instituciones y procesos electorales, así como la elevación de las penas, sugieren partir de las que han se han revelado como fuentes de conflicto, discordia y deslegitimación electoral.
Plantean, en primer lugar, liberar al IFE de las innumerables funciones de “juez” que se le han atribuido porque ahí está el origen principal de los cuestionamientos al órgano electoral. La idea es regresarle su carácter de órgano fundamentalmente administrativo y transferir al Tribunal Electoral y a las salas regionales la resolución y sanción de las controversias electorales.
La segunda propuesta es que en lugar de la operación recentralizadora de la función electoral en su totalidad a través de un Instituto Nacional de Elecciones, se adopten medidas intermedias. Por una parte, fortalecer la autonomía de los institutos electorales estatales a través de la profesionalización de sus integrantes, del financiamiento adecuado y de la inamovilidad y “transexenalidad” de los consejeros. Por la otra, “nacionalizar” la justicia electoral, la fiscalización del dinero de los partidos, las obligaciones y responsabilidades en materia de transparencia y los criterios de distritación.
La tercera es acabar con la discusión sobre la necesidad de emitir una cédula de identificación nacional y dejarle ese lugar y función a la credencial de elector. Finalmente, sugieren dejar de lado la pretensión de incluir más supuestos para la anulación de las elecciones, como el rebase de los topes de campaña, pues lo que esto provocaría sería “un nuevo capítulo de la impugnación electoral y deslegitimación sistemática de las autoridades y de los poderes constituidos por el voto”. No se ignora el problema dinero-política pero su resolución, señalan con toda razón, no es por la vía de la nulidad.
Como en el ámbito fiscal, en el electoral seguirán presentándose los fenómenos de la evasión y la elusión electorales. El primero, que se refiere a la transgresión abierta y consciente de la legalidad, y el segundo, al aprovechamiento, normalmente doloso, de los resquicios de la ley. Los contendientes y los partidos que los cobijan seguirán buscando que los actos cometidos, normalmente con dolo, se ubiquen en algún supuesto no previsto, sujeto a interpretación y de difícil integración de pruebas. Ninguna de estas conductas serán atajadas por las reformas que pretenden PAN y PRD porque no hay ley que sea efectiva sin el compromiso de parte de los partidos de abandonar las prácticas fraudulentas que, está visto, cometen todos. La verdad es que el pretendido perfeccionamiento de la norma hará poco porque los mexicanos dejemos de vivir en los dos mundos a los que nos hemos acostumbrado: el de la ley y el de los hechos.
*Investigador del CIDE
Twitter @amparocasar
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