En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el gobierno del estado de Hidalgo “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al destino, ejecución, ejercicio, control interno, cumplimiento de metas y objetivos, ni con transparencia respecto de las operaciones examinadas, donde destacan los siguientes: 14,544.2 miles de pesos por el pago de percepciones extraordinarias sin cubrir los requisitos y 287.0 miles de pesos que corresponden a pago de honorarios a personal que no realiza funciones de administración u operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones”. ¿Cuál fue la consecuencia de esta irregularidad? Ninguna. Hoy, de hecho, el gobernador de entonces de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, es secretario de Gobernación, uno de los hombres fuertes del presidentePeña Nieto.
En 2008, el empresario Alejandro Martí sacudió al país con un fuerte discurso frente al presidente Calderón, gobernadores, legisladores y miembros del Poder Judicial. Dolido por el secuestro y asesinato de su hijo, desde entonces dedicado a resolver el tema de la inseguridad en México, Martí advirtió: “Si no pueden, renuncien, pero que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”. Pues bien, respetadoAlejandro, resulta que no sólo no renunciaron, sino que ejercieron miles de millones de pesos para dizque resolver el problema, pero que, de acuerdo con los reportes de la ASF, se utilizaron mal, se desviaron o de plano hasta desaparecieron.
Eso fue lo que encontró la ASF. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Reportes con calificación “negativa” sin ninguna consecuencia. Untachecito, pues. De acuerdo con un análisis de la organización civil Causa en Común de los informes de la ASF “correspondientes a las cuentas públicas de los años 2009, 2010 y 2011 relativos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP)” existen graves irregularidades que han quedado impunes.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, dice que, a pesar de las anomalías detectadas, “no existe registro alguno que [la ASF] haya dado parte al Ministerio Público, ni que haya ejercido presión alguna para que se repare el daño a la sociedad, a pesar de que en su capítulo de Consecuencias Sociales, la propia Auditoría afirma que en varios estados se propició un aumento en las tasas delictivas, y más, porque podemos observar que las irregularidades han aumentado cada año y para el año entrante no se observan mayores controles a la cantidad de recursos que se pretenden otorgar”.
No sólo eso. El año que entra van a subirnos los impuestos. Se trata de una excelente coyuntura para que el gobierno resuelva las irregularidades del pasado. Irregularidades como en Baja California, entidad gobernada por el PAN, que no pudo demostrar en qué se gastó 145 millones 977 mil 300 pesos en el ejercicio de 2009. O en Veracruz, gobernado por el PRI, donde “desaparecieron” de la cuenta bancaria del FASP 122 millones 162 mil 400 pesos durante 2010. O en Michoacán, gobernado por el PRD, donde no demostraron dónde se aplicaron 238 millones 728 mil pesos durante 2011.
Así que no se trata de qué partido es el que gobierna. El hecho es que varios gobernantes gastan mal el dinero del rubro de seguridad o lo desvían a otras partidas o de plano lo desaparecen y todo esto queda impune. Por tal motivo, Causa en Común interpuso un amparo contra la ASF para que ésta ejerza sus facultades legales: que determine los daños o perjuicios, identifique a los responsables, finque el monto de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, inicie denuncias frente al Ministerio Público y de juicio político por las diversas irregularidades en el ejercicio del FASP.
A este amparo se ha sumado otro de ciudadanos preocupados por este asunto, donde se encuentra estampada la firma de Alejandro Martí, Ana Magaloni, Armando Santa Cruz, Claudio X. González,Ernesto López Portillo, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, MaiteAzuela, María Amparo Casar, Roy Campos, Salvador Camarena,Sergio Aguayo, Verónica Baz y el autor de estas líneas, entre otros. Nuestro abogado pro bono es Luis Pérez de Acha. Causa Común, además, abrirá la posibilidad de que más ciudadanos puedan sumarse a una cadena de amparos. Lo que buscamos es que haya transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto gubernamental. Basta ya de la impunidad cuando existe evidencia de irregularidades en el manejo del dinero de los contribuyentes.
Twitter: @leozuckermann
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