Porque ya son varios los años en que me ha tocado observar la dinámica descrita en el párrafo anterior, fue que me sumé al amparo en contra de la probable omisión en sus obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación, promovido por Causa en Común, y dado a conocer ayer. Se trata de reclamar el por qué si la ASF detecta irregularidades, y “a pesar de estar obligada por la ley, no existe registro alguno de que haya dado parte al Ministerio Público, ni que haya ejercido presión alguna para que se repare el daño a la sociedad”, según lo explicó este lunes en rueda de prensa, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera.
La denuncia se centra en lo que ha ocurrido con la cuenta pública de los años 2009, 2010 y 2011, correspondiente en específico al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP). En la demanda se establece, que a partir de lo que ha detectado la propia Auditoría, se puede decir que “más de la mitad de las entidades federativas no utilizan las aportaciones del FASP para garantizar o incrementar los servicios de seguridad pública que prestan a los gobernados, pues la suma de las entidades federativas con dictámenes con salvedades y negativos, representa más de la mitad de las entidades federativas del país”.
Lo peor es que al analizar los tres años ya auditados, y como la propia denuncia subraya, hay una tendencia perniciosa: el no castigar los abusos incuba más abusos. “Las entidades federativas se han percatado que no existen consecuencias respecto a sus irregularidades, por lo que el número de entidades federativas que utilizan las aportaciones del FASP para erogaciones, que no cumplen con los objetivos del Fondo, destinándolo a fines distintos a los expresamente autorizados, es escandaloso”, expone la demanda. “Para el año de 2009, únicamente diez entidades federativas tuvieron dictámenes negativos, mientras que al año siguiente, este número se incrementó, y para el año de 2011, más de la mitad de las entidades federativas tuvieron dictámenes negativos”.
Un dictamen negativo se refiere a que la entidad federativa realizó erogaciones que no cumplen con los establecido por el FASP, o que fueron gastos destinados a fines distintos a los expresamente autorizados.
Y por si hiciera falta destacar algo peor aún: el mayor peligro no sería la ya de por sí grave malversación de fondos, sino que “la gravedad de que las entidades federativas no estén utilizando las aportaciones del FASP para su destino original, radica en el hecho de que se merma la seguridad pública que se presta a los gobernados y estos ven mermados sus derechos humanos”. En otras palabras, la corrupción puede ser letal. Y por ello, la omisión de la Auditoría no debe ser tolerada.
Porque en un análisis llevado a cabo por Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), queda claro que entidades que se han visto envueltas en terrible violencia e inseguridad, son también las que luego no aportan cuentas claras sobre los recursos que debieron haber sido utilizados para combatir a los criminales.
Veamos por ejemplo el caso de Veracruz. En la cuenta pública de 2011, y según lo que consigna la demanda (subrayados míos): “el Gobierno del Estado de Veracruz no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan las siguientes observaciones: un pago del día 27 de diciembre de 2011, con número de folio 11200187 a Comercializadora H y H por 3,153.2 miles de pesos no se presentó su justificación ni documentación comprobatoria del gasto se liquidaron con recursos del FASP 2011, las facturas 3722, 3805 y 3829 al Proveedor Bullet International, S.A. de C.V., con fechas de expedición del 10 de diciembre de 2010, 11 de febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011 por 2,766.2 miles de pesos, las cuales debieron de liquidarse con recursos del FASP 2010; se pagaron 56 facturas por conceptos de renta de carpa, sillas, impresión de lonas, renta de audio, combustible, compra de playeras, gorras, bordado de logos, renta de pantallas de Led y alquiler de planta de energía eléctrica, por un total de 2,096.7 miles de pesos, por conceptos que no cumplen con los gastos autorizados en la Mecánica Operativa; y, asimismo, se observó que no se cuenta con la validación de los cursos dirigidos a jueces por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico, por 1,315.5 miles de pesos, integrados en 23 facturas y existen pasivos a cargo del ente auditado por 91,283.3 miles de pesos sin que se cuente con dicho recurso en el banco.”
Y como Veracruz están Michoacán, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, etcétera. Es terrible que en medio de la emergencia de inseguridad que el país ha vivido, haya habido lo que no puede ser calificado sino como corrupción criminal por parte de servidores públicos. Porque como la demanda establece “es evidente la vinculación entre malversación de los recursos del FASP y el incremento de la inseguridad pública, que se manifiesta en el incremento de delitos, en la incapacidad de los cuerpos policíacos para hacer frente al crimen y en la pérdida de la integridad y derechos de las personas, así como en su libertad y el orden y la paz pública”.
Por eso hay que darle la bienvenida a este amparo promovido por Causa en Común. La Auditoría debe llegar hasta el extremo de sus facultades, para que eventualmente el castigo provoque el mejor de los efectos esperados: la certeza de que no habrá impunidad, podría redundar en mayor seguridad para los ciudadanos. De lo contrario, todo lo demás es un escándalo mediático estéril, e incluso cómplice. Ninguna conciencia debiera quedarse tranquila por el mero hecho de haber sentido indignación. La Auditoría tiene que proceder, y la sociedad debe vigilar que los vigilantes hagan completa su tarea.
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