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| Sergio Aguayo |
A María Herrera le desaparecieron cuatro hijos, Araceli Rodríguez sigue buscando a su hijo (un policía federal levantado por la llamada "Familia Michoacana") y Javier Sicilia va por la vida arrastrando el duelo de su hijo asesinado. Los acompañé a un encuentro con María Otero, subsecretaria del Departamento de Estado, encargada, entre otros temas, de los Derechos Humanos, quien escuchó con enorme atención y simpatía los relatos de dolor y la irritación ante la pasividad de quienes gobiernan México. Fue una recepción de alto nivel, sorpresiva por la distancia que pone Washington frente al costo humano de la guerra.
Mientras recorríamos los interminables corredores de ese edificio, Sicilia sintetizó en una frase su impresión del recorrido del mes que concluía: "qué país tan extraordinariamente complejo, a veces lo simplificamos demasiado". Correcto, aunque la caricaturización del vecino tiene una explicación histórica. Nuestros antepasados reaccionaron a la amarga derrota militar de 1847 ignorándolos y refugiándose en el menosprecio al gringo tonto o a la adoración sin límites; se olvidaron que el conocimiento es la mejor arma para los débiles.
En los años setenta del siglo veinte empezamos a estudiar con seriedad y método a este país y aunque los avances han sido enormes persiste la inercia y es común que se opte por la denuncia mediática en lugar de la interacción continuada. La caravana fue excepcional por la cantidad de lugares visitados y por lo preciso de la narrativa: la violencia golpea a víctimas inocentes y el Estado mexicano habla mucho, pero hace poco.
Este relato choca con la visión tradicional de los círculos de poder que se han inclinado siempre por la versión oficial mexicana sobre las violaciones a los derechos humanos. Un indicador son los informes anuales sobre lo que sucede en el mundo en ese terreno. Los elabora el Departamento de Estado desde 1977 y en las partes sobre México se aprecian las múltiples formas de cómo el gobierno de los Estados Unidos ha minimizado los hechos para respaldar a los regímenes mexicanos. Uno de los métodos más comunes ha sido reconocer los problemas para luego decir que el gobierno mexicano ya los está atendiendo.
El informe sobre 2011 salió en mayo pasado. Reconoce, es cierto, la intensidad de la violencia, pero inmediatamente da crédito a lo hecho por el gobierno. Así, menciona que el "presidente Calderón y su secretario de Gobernación tuvieron encuentros públicos en varias ocasiones con […] Javier Sicilia"; luego añaden que de esas reuniones nació la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Províctima, que el año pasado atendió miles de casos.
No registra la opinión del MPJD y de Sicilia sobre Províctima: "[acción] unilateral […] demagógica y mediática", "procuraduría sin recursos financieros ni capacidad operativa, incapaz en los hechos de atender la emergencia nacional", "no garantiza la participación efectiva de la sociedad civil", ignora a las víctimas del "fuero común", etcétera. En síntesis, una "simulación" (frases tomadas de diversos pronunciamientos del MPJD de 2011 y 2012).
Para Washington los derechos humanos se protegen cuando existen instituciones sin tomar en cuenta la calidad del trabajo que hacen. En el informe sobre 2011 citan 61 veces a la CNDH y una sola vez al MPJD, la organización más representativa de las víctimas de las guerras del narcotráfico. Lo paradójico -me comenta Brisa Maya Solís-- es que el Movimiento tiene un contacto mínimo con la CNDH con la que, por cierto, nunca ha tenido una reunión de trabajo formal y ni siquiera fue invitada a los diálogos del Castillo de Chapultepec.
La intensidad de la violencia mexicana saca a la luz las contradicciones de la postura de Washington. Cuando el Departamento de Estado hace advertencias a sus ciudadanos que quieren viajar a México, los llamados "Travel Warnings", no les recomienda que recurran a la CNDH o a Províctima. Nada de eso. Les sugiere que difieran los "viajes no esenciales" o tengan "precaución" al ir a ciudades ubicadas en 18 estados de la República (el territorio considerado peligroso es enorme).
La perspectiva Hollywoodense que Washington tiene de la tragedia humanitaria mexicana se modificaría si organizaciones como el MPJD le transmitieran información que matice el papel de las instituciones oficiales: por lo general son parte del problema y no de la solución. Con el respaldo de organizaciones estadounidenses como Global Exchange y Washington Office on Latin America la caravana ya difundió la historia de las víctimas. Si mantiene la presencia en el mediano plazo tal vez se modifiquen unas relaciones entre gobiernos caracterizadas por la indiferencia hacia el costo humano.
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Colaboró
Paulina Arriaga Carrasco
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