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| Sergio Sarmiento |
El cambio económico no puede provenir solamente de la ley laboral. De nada sirve contar con una excelente legislación –que no tenemos-- si no hay condiciones para la inversión productiva, que es la única forma de generar empleos.
Los mexicanos tenemos una anticuada Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1970, que junto con la de Turquía es la más rígida de la OCDE. La legislación fue hecha, supuestamente, con el propósito de defender los derechos de los trabajadores, pero el resultado ha sido ofrecer una protección artificial a quienes ya tienen trabajo afectando en cambio a quienes no lo tienen. Esta legislación es en buena medida responsable de la creciente informalidad en el empleo de nuestro país, así como de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y los mayores de 40 años.
La actual Ley Federal del Trabajo contiene 1,010 artículos. La iniciativa presidencial modifica 320. Pese a los cuestionamientos, no hay muchas diferencias entre la propuesta del ejecutivo y la del PRI. Ambas consideran formas modernas de contratos de prueba, de capacitación inicial y de temporada. Las dos establecen reglas para la subcontratación, el outsourcing, que crean una responsabilidad solidaria de la empresa subcontratante. Las dos aportan incentivos para promover, en vez de castigar, la productividad.
La gran diferencia tiene que ver con la democracia interna y la transparencia de los sindicatos. En la propuesta del presidente las elecciones sindicales deben realizarse con voto libre, directo y secreto. Esto pondría fin a las votaciones a mano alzada en que se impide el sufragio a favor de candidatos de oposición.
La iniciativa presidencial también obligaría a los sindicatos a informar a sus afiliados de cuando menos el uso de sus cuotas y haría que las contabilidades de los sindicatos con más de 150 trabajadores fuesen dictaminadas de manera profesional.
Los líderes sindicales se oponen a la iniciativa del presidente porque la situación actual les ha permitido permanecer eternamente en los cargos de dirección y enriquecerse utilizando como propios los fondos de sus organizaciones. Si hubiera elecciones internas democráticas, muchos no podrían mantenerse en el poder; y si hubiera una real rendición de cuentas, ya no podrían enriquecerse a costa de los trabajadores.
A mí me parece que la iniciativa presidencial se queda corta. Los sindicatos deberían estar obligados a tener elecciones bajo la supervisión de instituciones profesionales independientes, como el IFE, y sus cuentas deberían ser obligatoriamente públicas. Debería ser una falta muy grave robarse el dinero de los trabajadores. Pero ni siquiera el Presidente de la República se ha atrevido a proponer una legislación que con este vigor defienda los intereses de los trabajadores ante los abusos de los líderes.
Lo más probable es que el Congreso debilite la iniciativa presidencial. Por mucho que se nos hable del nuevo PRI, los líderes sindicales siguen teniendo una influencia desproporcionada dentro del partido. Aceptarán, quizá, una iniciativa que mejore la productividad del país, pero no una que toque su poder o sus bolsillos.
NORMA 29
El pleno de la Suprema Corte decidió, por seis votos contra cinco, que la Norma 29 del Distrito Federal fue aprobada de manera ilegal. Pero los ministros se quedaron cortos, ya que se requerían ocho votos para desecharla. La Corte ha pedido, sin embargo, un nuevo dictamen que toque el fondo del asunto: La violación al artículo 28 constitucional por limitar la competencia. Hay todavía una esperanza.
Twitter: @sergiosarmient4
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/reforma-laboral2
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