En total, con la del penal de Piedras Negras, en este sexenio se han registrado 22 fugas de prisiones estatales, desde que el 28 de julio de 2007, seis reos considerados de “alta peligrosidad” escaparan del penal Hermanos López Ramón, en Michoacán.
La mayoría de los presos que han logrado huir de estas cárceles han sido identificados por las autoridades locales como miembros del crimen organizado: lo mismo integrantes del Cártel de Los Zetas, del Cártel del Golfo o del Cártel de Jalisco, que delincuentes relacionados con bandas de secuestradores, extorsionadores y tráfico de personas.
Es verdad que las autoridades locales –presidentes municipales y gobernadores– son responsables por el relajamiento de la disciplina y el contubernio que se ha dado en esos centros reclusión entre autoridades y delincuentes. Pero también lo es que, nunca, como en este sexenio, el sistema penitenciario mexicano había sido exigido al máximo, pero sin darle las herramientas suficientes.
La guerra contra el narco dispuesta por Felipe Calderón Hinojosa, además de la estela de muerte y descomposición social que ha dejado, tampoco consideró que los llamados “centros de rehabilitación social” locales estarían imposibilitados, tanto en infraestructura como en logística, así como en materia de personal capacitado, para manejar no sólo una sobrepoblación exponencial, sino al tipo de delincuentes –la mayoría de alta peligrosidad– que les ha tocado recluir durante este sexenio.
Sin embargo, ayer, el presidente Calderón Hinojosa, desde su cuenta de Twitter [@FelipeCalderon], criticó una vez más a las autoridades locales y calificó “deplorable” la fuga de presos en Piedras Negras: “Deplorable la fuga del penal estatal de Piedras Negras. Debe corregirse la vulnerabilidad de instituciones de justicia estatales”, escribió.
Más tarde, se lavó las manos por hechos como el acontecido en Coahuila y se vanaglorió de lo que su administración ha hecho: “En los últimos seis años se han fugado más de mil reos de penales estatales. De los penales federales, ninguno”.
Y sí, tiene razón… pero sólo en lo que respecta a que los penales federales no han registrado fugas, porque el problema de fondo no lo ha atacado: México tiene ahora un sistema penitenciario fallido, producto de una estrategia de guerra unilateral y que puso por encima de la inteligencia a la fuerza.
El diputado priista Manlio Fabio Beltrones Rivera puso el dedo en la llaga y dijo que si bien la evasión de los 131 presos ocurrió en un penal de Coahuila, la mayoría de quienes escaparon son reos procesados por delitos federales: “Ahí hay un problema en el sistema penitenciario que la administración federal no ha querido reconocer. ¿Cómo es que en cárceles locales en los estados se llenan y hacinan con reos federales, cuando deberían ser custodiados por fuerza federales?”, preguntó.
El coordinador de los diputados del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, también acusó al gobierno federal de evitar combatir “un hoyo negro” de corrupción y otros males: “Sigue siendo un hoyo negro este asunto que no se entiende por qué razón el gobierno no ha querido resolverlo de una vez por todas. Yo creo que se tiene que ir a fondo en la investigación de este tema porque de lo contrario pues vamos a seguir teniendo sorpresas y el lugar donde, se supone, debería estarse resolviendo esto se convierte más bien en lo que potencia la corrupción y la escuela del crimen”.
También, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que no sólo la del penal de Piedras Negras sino las otras 21 fugas reportadas durante el sexenio se han tomado con ligereza y reflejan la grave situación en la que se encuentra el sistema penitenciario nacional.
Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Julio Hernández Barros, afirmó que al poner la responsabilidad en los estados, el gobierno federal se estaba “curando en salud”.
El también socio del bufete Hernández Pliego Abogados, SC, expuso: “Creo que toda la estrategia contra el crimen organizado de Calderón ha sido fallida. Entrega saldos rojos ahí y un país en una condición de emergencia nacional nada alentadora. Le deja un gran paquete a su sucesor y al país teñido en sangre”,
Funcionarios del gobierno federal y el propio Felipe Calderón han responsabilizado en innumerables ocasiones a los gobernadores –particularmente a los no panistas– de solapar la corrupción, las operaciones de grupos delincuenciales e incluso de ser laxos en la impartición de justicia, lo que, desde su perspectiva, genera que los Centros de Reinserción Social (Ceresos) no funcionen o sean vulnerables frente al crimen organizado.
Pero el Presidente simplemente les ha echado la bola y no se ha involucrado en temas de fondo.
Las entidades han tenido que recibir, con menos recursos económicos y técnicos de los que dispone el gobierno federal, a criminales que, debido a la guerra y a la aparición de nuevos grupos que ésta misma ha generado, se han especializado, tienen cada vez más dinero y capacidad de acción, y que, por si fuera poco, se reproducen por miles en todo el país.
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