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| Bulmaro Pacheco Moreno |
Paola Vanesa García Estrada y Dulce María Huerta Meza, Tesorera y directora de Pagaduría de la Secretaría de Hacienda hasta el 2009 en el gobierno de Eduardo Bours Castelo, van a pasar a la historia moderna de Sonora como las funcionarias públicas estatales -que se recuerde- más impunemente agredidas mediáticamente con saña y perversidad -injustamente por lo que se sabe- por el poder público estatal.
Aún con sus derechos a salvo -el caso ya en manos de la justicia federal- y con numerosas ambigüedades de procedimiento donde la Contraloría estatal les señalara responsabilidades, fueron utilizadas políticamente por el gobierno panista para mandar mensajes y tratar de lucir la costosa y cacareada política de comunicación publicitaria del Estado, dirigida siempre al golpeteo y a la división entre los sonorenses.
Los últimos quince días de junio previos al día de la elección de julio, el gobierno estatal desplegó con un estilo -que se recuerde- nunca visto en Sonora, una intensa y sucia campaña para atacar directamente a ambas ex servidoras públicas en los medios escritos y electrónicos.
Como si fueran vulgares delincuentes del hampa organizada -aún con los casos en estudio-, se les declaró prófugas de la justicia, llegando al grado de mofarse públicamente del físico de una de ellas.
El propósito fue evidente: Tratar de influir en la intención de los votantes contra el PRI. Al ser un ataque directo contra el gobierno estatal anterior, acusándolo abiertamente de corrupción, el famoso asunto llamado “cheque-gate” seguía vivo en la intención del gobierno para atacar supuestas desviaciones administrativas de los gobiernos del PRI, y dar la impresión de que el gobierno estatal cumplía y enarbolaba una vez más la política de atacar la corrupción con el clásico “caiga quien caiga”.
Pero pasó la elección y la publicidad del caso desapareció como por arte de magia. Los casos de las presuntas implicadas en el proceso administrativo y penal en su contra siguen la normatividad jurídica que señala la Ley, y con el tiempo con toda seguridad aflorará la verdad. Una verdad que seguramente probará su inocencia, ya que en diversas instancias de autoridad consultadas existen tanto la certeza como la presunción de que no hubo daño patrimonial en las irregularidades que se les imputan.
Desde luego que no se descarta que el gobierno pudiera utilizar, si acaso necesita o decide, el replanteamiento de sus estrategias y ataques al gobierno anterior del PRI, pero en algún otro sentido; y más ahora que el homicidio del diputado electo Eduardo Castro Luque ha reabierto un capítulo más de divisiones, conflictos y ataques contra la gente de Cajeme y personajes del gobierno anterior.
Por su parte, Paola y Dulce han recibido la solidaridad de quienes muy bien las conocen -las conocimos- y las sabemos inocentes -conscientes de que su caso fue utilizado con perversidad por los panistas para golpear-.
A pesar de todo y en el tiempo, queda de ellas la imagen de servidoras públicas eficientes, honestas y serviciales. Mujeres destacadas, trabajadoras y capaces que a lo largo de su vida laboral siempre han vivido en la medianía del ingreso del sector público, y jamás han dispuesto para su beneficio personal de los recursos económicos puestos bajo su cuidado.
En el caso mencionado ha existido una justicia con dedicatoria sin duda parcial, donde las principales instancias -a excepción de la federal- se han alineado con la estrategia del gobierno. Es evidente que la estrategia no ha sido pareja, porque no se ha actuado así con las numerosas denuncias de corrupción que se han hecho contra funcionarios en activo del actual gobierno. Ejemplos abundan.
Recientemente alguien demandó a un funcionario del programa Impulsor por estar involucrado en la licitación de computadoras para el ISSSTESON... y no pasó nada. En alcoholes todavía no cae el último capítulo sobre las investigaciones que se han realizado y que derivó con la salida del anterior titular. En el ISIE, la salida del anterior titular estuvo rodeada de misterios y versiones que lo ubican con manejos nada claros del presupuesto para la reparación de escuelas. En la denuncia al director general de Notarías que llegó para auto otorgarse su propia notaría haciendo suplente a su esposa... tampoco pasó nada.
El asunto de Huatabampito y la ilegal venta de terrenos de playa que se realizara entre agosto y septiembre del 2009 a la salida del gobierno municipal panista, se denunció, se probó, se documentó y en medio del debate político sobre las causas y los efectos de la denuncia se anuló la compraventa de los terrenos porque el gobierno federal aclaró que los terrenos vendidos eran nacionales y que el ayuntamiento saliente no podía enajenarlos, y mucho menos sin haber realizado la desincorporación respectiva que señalan las leyes y que necesariamente deben pasar por el gobierno federal y las instituciones reguladoras de la propiedad agraria.
El ayuntamiento (2009-2012) con timidez realizó pesquisas, decretó algunas inhabilitaciones... y no pasó nada. La mayoría de los involucrados en el asunto ostentan cargos públicos federales y estatales, y en el gobierno del PAN se rieron de la denuncia porque siempre manejaron la idea que se trataba de un asunto político de los opositores; es decir, “de los enemigos del progreso”, como les gusta calificar a sus críticos. Justicia con dedicatoria en un sonado e importante caso y una falta de credibilidad en quienes hacen de la simulación un estilo de trabajo.
El 3 de enero de 2011 y a menos de 10 días de haber asumido el cargo estatal, fue asesinado en las afueras de su domicilio particular el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado, Erasto Ortiz Valencia, por razones que nunca fueron del dominio público. Se prometió justicia pronta y expedita, y a casi dos años del suceso nada se ha aclarado, y al parecer se le ha echado tierra al asunto.
Miguel Acosta García, subjefe de Policía y Tránsito de Empalme, fue asesinado el 3 de enero del 2011 a la salida de la casa de su suegra, vecina del presidente municipal Javier Caraveo. Con todo el ruido que se hizo, hasta la fecha ni se han dado los resultados de la investigación del crimen, y al parecer los panistas ya lo olvidaron.
Ernesto Cornejo Valenzuela, ex presidente municipal de Benito Juárez, ex candidato a diputado federal y delegado del PAN para el sur de la entidad, fue asesinado en julio del 2011. Y lo que antes fuera una tarea oficial de alabar a cada rato su desempeño como panista destacado y pasearlo por los medios de comunicación junto con Francisco Vásquez, se convirtió en el olvido más notable por parte de su gobierno y su partido, de forma tal que hasta la fecha tampoco de ese crimen se ha sabido nada, y ahora menos se quiere saber del caso. Tierra, olvido y archivo. hasta ahí llegó.
Enrique Montes Castañeda fue primero secretario del ayuntamiento y brincó al cargo de director del Colegio de Bachilleres, plantel del municipio Plutarco Elías Calles, desde le dirigencia municipal del PAN. Montes desapareció en octubre del 2010 y hasta la fecha no ha aparecido por ningún lado. Nadie se ha molestado en dar información y ni siquiera alguna explicación sobre el asunto. Tierra, olvido y al parecer también sin que nadie le mueva al caso, a pesar de haberle servido al PAN y al gobierno desde distintas trincheras.
Recientemente desapareció Arturo Reyes Trujillo, militante del PAN, recién electo presidente municipal de Fronteras. No tomó posesión del cargo, y nadie en el gobierno se ha tomado la molestia de aclarar su paradero ni de profundizar en las razones por las cuales no tomó posesión. A lo más que han llegado es a integrar una comisión para decidir el sustituto, y hasta eso, tratándose de un trámite que no requiere una mayor profundidad, se han tardado en encauzar la vida institucional de ese municipio.
Todo ha quedado a merced de la especulación, y como se trata de un militante del PAN, desde las esferas oficiales le han echado tierra al asunto, endilgándole el tema a la comisión plural del Congreso local encargada del nombramiento del sustituto.
En igual situación de olvido se encuentran los casos del ex director de seguridad pública de San Luis Río Colorado y de los policías asesinados por fuera de una escuela primaria en Huatabampo en Septiembre del 2010.
Cual si se tratase de un magnicidio, en el caso del diputado local Eduardo castro Luque, la autoridad local investigadora ha actuado ante los medios de comunicación como si estuviera descubriendo el hilo negro de la investigación criminal, cuando aún falta mucho que decir del caso y el principal implicado no aparece. Lo ha capitalizado, y la dirigencia estatal del PAN ha aprovechado el desenlace reciente para golpear en medios a gente de Cajeme; así lo demuestra la crisis en el Congreso local en lo relativo al procedimiento para la elección extraordinaria que contempla la Constitución donde el ejecutivo-de nuevo-trata de invadir la esfera del legislativo con declaraciones inoportunas y fuera de contexto, afectando con eso la posibilidad de entendimiento entre las fracciones parlamentarias.
A pesar de tanta presunción oficial y golpes de pecho de los últimos días, el respeto a la legalidad y el apego al estado de Derecho no parece ser el signo distintivo de la administración estatal que el próximo 13 de octubre cumplirá sus primeros 3 años y un mes en el poder. Ya más de la mitad del sexenio.
Los casos mencionados en realidad son pocos en relación a otros de otra dimensión y relacionados con desviaciones legales y administrativas que se han presentado con frecuencia en el gobierno de la alternancia.
La justicia local, hay que reconocerlo, no ha sido pareja en las investigaciones de panistas -como se ha visto- involucrados en hechos violentos. La justicia,por desgracia ha sido selectiva y eso no contribuye en nada a la percepción ciudadana de que tanto en la procuración como en la administración de justicia se esté actuando correctamente y con legalidad.
Más allá del discurso triunfalista y engañoso,se ha privilegiado todo lo que pueda explotarse políticamente contra el adversario y lo que conviene a la agenda del poder en turno. Más allá, ni un centímetro de avances.
la utilización política, poco escrupulosa de los casos de las ex funcionarias de la hacienda estatal y el manejo político partidista del caso Castro Luque así lo reafirman. “Justicia a Secas” cuando convenga y cuando se necesite,para lo que se ofrezca, parece ser la consigna.
bulmarop@gmail.com
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