Sergio Sarmiento - CRE sin gas

Sergio Sarmiento

Una moderna y reluciente planta de gas licuado de petróleo (LP), en la que se invirtieron a valor actual 250 millones de dólares, se encuentra paralizada en Manzanillo, Colima, desde que concluyó su construcción hace tres años. Está a punto de correr la misma suerte otra en Ensenada. Esto es consecuencia de un intento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por realizar una expropiación encubierta e ilegal de estas instalaciones, y posteriormente de evitar el cumplimiento de un amparo que protege a los propietarios. 

El 17 de noviembre de 2009 la CRE, que preside Francisco J. Salazar, publicó una resolución, la 250/2009, que ordenaba el “acceso abierto” a las instalaciones de “los solicitantes de permisos de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de depósito y mediante planta de suministro”. La medida buscaba obligar a Grupo Zeta a permitirle a Pemex utilizar su nueva planta de Manzanillo. El único destinatario posible de la medida era el consorcio originario de Ciudad Juárez.




Grupo Zeta acudió a los tribunales para protegerse de la disposición y obtuvo una suspensión definitiva. La propia CRE señaló que acataría la resolución, pero ha contraatacado con una orden a Pemex para que sólo venda gas LP “de primera mano” a empresas que acaten la resolución 250/2009. Como Pemex tiene un monopolio en las transacciones “de primera mano”, el propósito no es otro que evadir la suspensión. 

Lo paradójico del caso es que fue la propia Pemex la que alentó a Grupo Zeta a hacer la cuantiosa inversión en las plantas de Manzanillo y Ensenada. Pemex no tiene ni la capacidad financiera ni el interés en entrar al negocio de distribución de gas LP en el noroeste del país. Mientras estas plantas permanecen paralizadas, México sufre problemas de abasto en la zona. Estos problemas se agravarán, como todos los años, en los meses de invierno.

A pesar de la limitada reforma energética que se realizó este sexenio, México sigue sufriendo en este mercado una pesadilla burocrática diseñada para hacer daño al país. Está prohibida la producción nacional de gas LP de cualquier empresa que no sea Pemex, pero el monopolio estatal no cuenta con los recursos para invertir en producción. Esto hace que tengamos que importar un 30 por ciento del gas que requerimos para cubrir la demanda. 

Pero aún en la importación, la burocracia se entromete. Pemex es la única empresa que puede vender gas LP de primera mano, esto es, realizar la primera venta en territorio nacional. Para surtir gas desde las plantas de Manzanillo o de Ensenada, Grupo Zeta debe comprar gas a productores extranjeros, ya que no hay suficiente producción nacional; pero está obligado a venderlo a Pemex, que después tendría que revendérselo a Grupo Zeta para su distribución. 

Con la disposición de la CRE, sin embargo, Pemex ya no puede hacer la venta de primera mano a Grupo Zeta. Se pretende así castigar a esta empresa privada por haberse resistido a una expropiación injusta, que ya los tribunales han considerado ilegal. Pero el real castigado, como siempre, es el consumidor mexicano. 

La apertura energética del presidente Calderón ha resultado al final una farsa. La reforma supuestamente abrió el mercado de importación de gas LP, pero cada mes el propio ejecutivo emite un decreto que lo mantiene cerrado. 

Quizá haya que esperar a que el gobierno de Enrique Peña Nieto deje atrás esta obcecación y acepte acatar la ley y la suspensión de los tribunales, pero por lo pronto se mantiene cerrada la planta de Manzanillo y lo mismo ocurrirá con la de Ensenada. El invierno, mientras tanto, se aproxima con su aumento en la demanda de gas LP. 

RÁPIDO Y FURIOSO

Armas de Rápido y Furioso, el operativo del gobierno de los Estados Unidos para introducir armas a México, se encontraron en 100 escenas de crímenes en México y dos en la Unión Americana. Lo anterior lo revela una investigación de Jorge Ramos de Univisión.
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