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| Carlos Ramírez |
Si toda iniciativa para la reconstrucción del modelo mexicano de desarrollo pasa por lo laboral, lo industrial y lo agropecuario, hasta ahora la élite gobernante ha fracasado en el primer punto, el segundo sigue sin rumbo y el tercero va a ser reactivado por el sector empresarial.
La elección del próximo presidente del poderoso Consejo Nacional Agropecuario, organismo que agrupa a los principales agricultores privados del país, estaría en la lógica de replantear el modelo de producción del campo que el Tratado de Comercio Libre desarticuló sin una propuesta alternativa. La candidatura del empresario tomatero Álvaro Ley, duranguense asentado en Sinaloa, se ha consolidado en función de su interés por contribuir a que México dé el salto cualitativo a la agroindustria.
El campo mexicano atraviesa por una grave y profunda crisis; el producto agropecuario se ha sostenido de la agroindustria, la siembra de grandes extensiones y la apertura comercial aprovechada por pocos. Pero existen cuando menos tres graves problemas que afectan la producción y que han convertido a México en un importador de alimentos: La propiedad ejidal improductiva, la inseguridad criminal que ha propiciado que los campesinos siembren droga y no alimentos y el problema permanente de la falta de inversión productiva.
El desafío de los empresarios agricultores radica no sólo en la necesidad de reorientar sus objetivos de promoción, sino en convencer al Gobierno de mejores políticas públicas para el desarrollo del sector: El neoliberalismo priísta terminó con el modelo de estímulos integrales y los dos sexenios panistas se centraron en Procampo, pero sin entender que la crisis de producción agropecuaria responde a un problema de falta de integralidad en las políticas y de abandono en que han dejado a los productores privados pequeños y ejidales.
El viejo modelo paternalista del PRI -apoyo al productor a cambio de votos- construyó un sector poco competitivo que la apertura comercial en la primera mitad de los 90 se encargó de arrasar. El tratado salinista abrió la posibilidad de reformar la propiedad ejidal, pero los ejidatarios prefirieron abandonar la siembra, en lugar de optar por la asociación con los empresarios agricultores.
Las propuestas de Álvaro Ley para competir por la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario para los próximos cuatro años van más allá de los intereses de los productores y miran al campo con un enfoque que involucre a los productores ejidatarios que se han negado a regularizar la tenencias de su tierra con la titulación individual y por ello carecen de seguridad jurídica.
Los grandes propietarios del sector agropecuario ya no están tan interesados en la absorción de los ejidatarios, sino que pugnan por que los ejidos puedan ser titulados y optar por la asociación en el sector que representa la modernización del campo: La agroindustria. De ahí que la propuesta de Álvaro Ley busque que los ejidatarios regularicen sus tierras y reciban apoyos económicos y facilidades crediticias ya con la seguridad de la tierra. El objetivo es que los ejidatarios se conviertan en pequeños agricultores y ganaderos y con ello se puedan desamortizar las tierras ejidales improductivas, pero sólo en términos productivos y no de propiedad.
Otra propuesta novedosa del tomatero Álvaro Ley radica en la creación dentro del Consejo Nacional Agropecuario de una vicepresidencia de asuntos de seguridad. A lo largo de su campaña y con datos de su experiencia como productor ha acumulado evidencias sobre los problemas de inseguridad pública en el campo: Secuestros, agresiones, pérdida de tierras, amenazas y ataques que afectan la estabilidad para la producción.
A ello se han agregado los datos de campesinos y propietarios rurales que han tenido que mudar la siembra de alimentos a la de droga, a veces por la pobreza en las cosechas y en ocasiones por amenazas; al final, una hectárea de droga sembrada le da a su propietario muchísimo más rendimientos económicos que alimentos sin mercados o controlados. La primera tarea de la vicepresidencia propuesta radicaría en hacer diagnósticos de la inseguridad en el campo y también esté atenta a las amenazas de organizaciones criminales que han expropiado en su beneficio extensiones agropecuarias sin que las autoridades de seguridad pública atiendan esos casos; la vicepresidencia de seguridad buscaría una mejor atención de los gobiernos municipales, estatales y federal.
El relevo en el Consejo Nacional Agropecuario, de fuerza política y social similar a la del Consejo Coordinador Empresarial, se plantea como una oportunidad para atraer la atención pública y social a los problemas del campo y sirve para revisar las cifras de importaciones de alimentos que México tiene que hacer a pesar de sus grandes extensiones de tierra cultivable. El punto central se localiza en el hecho de que el fin de la política agropecuaria del viejo régimen priísta, el recorte de presupuestos al campo y la apertura brutal propiciada por el TCL han quebrado el papel de México como productor de alimentos y lo han obligado a importar comida.
La oferta de Álvaro Ley como candidato al CNA toca el punto más sensible de la organización de grandes productores privados: Concebir el campo como un escenario integral e impulsar la organización de los ejidatarios que quedaron al garete con la reforma salinista de 1992, lo que al final le daría a los empresarios del campo la posibilidad de dinamizar el modelo de desarrollo agropecuario que el Estado ha olvidado en los últimos 30 años.
Leído en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/a-rehacer-el-modelo-agropecuario
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