H.L. Mencken
Tengo en mis manos la fotocopia de una convocatoria para contratar maestros de telesecundaria en Oaxaca. El documento, que cuenta con logotipos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), señala que los aspirantes deben ser graduados de escuelas normales, pero añade que la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, "no es a fin [sic] al nivel educativo".
La convocatoria señala que "únicamente se recepcionarán [sic] documentos a: a) nacidos en Oaxaca, de padres oaxaqueños y estudios en Oaxaca b) padres oaxaqueños, estudios en Oaxaca y nacidos en otro estado c) padres oaxaqueños, nacidos en Oaxaca y estudios en otros estados d) padres oaxaqueños, nacidos en otros estados y estudios en otros estados".
¿Y la Constitución que otorga iguales derechos laborales a todos los mexicanos y residentes legales? No se aplica para las plazas docentes en Oaxaca.
"Los compañeros en servicio" que aspiren a las plazas, dice la convocatoria, deben adjuntar "constancia de participación sindical, mínimo 80 por ciento". O sea, los aspirantes deben haber apoyado los mítines y movilizaciones del sindicato.
Además, deben contar con "el Vo. Bo. del representante sectorial". Con razón los maestros de Oaxaca son más cumplidos con las marchas que con las clases.
Otra convocatoria, para "conformar un equipo de investigadores de telesecundaria", establece: "No podrán participar los que hayan hecho labores contrarias a nuestro MDTEO [traducción: Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca] ó [sic] haber militado en la espuria Sección 59 ó [sic] en vanguardia revolucionaria".
La misma añade: "Los integrantes de la Subjefatura de Proyectos Académicos podrán participar en la delegación sindical de la zona de la que provienen".
Otros documentos reconocen la propiedad privada de las plazas magisteriales por la Sección 22. En un acuerdo firmado el 28 de octubre de 1992 por el entonces gobernador de Oaxaca Heladio Ramírez López y otros miembros de su gobierno, así como por el secretario general y el secretario de organización de la Sección 22 de aquel entonces, el gobierno del estado acepta "por conducto del IEEPO" conceder "un banco de plazas como patrimonio de la sección XXII del SNTE".
Las plazas son un patrimonio del sindicato.
Ese mismo documento establece acuerdos para establecer "una agencia del ministerio público especial" para los delitos que tengan como "ofendidos y víctimas a trabajadores de la educación". El sindicato designará tres abogados para estos delitos, cuyos honorarios serán pagados por el gobierno estatal.
Éste se compromete también a informar a la Sección 22 de cualquier averiguación previa que tenga que ver con maestros y a dar a conocer al sindicato el "estado que guarden las averiguaciones previas y procedimientos penales de ilícitos que tengan como ofendidos y víctimas a trabajadores de la educación".
¿Y la prohibición constitucional a los fueros especiales? ¿Y el sigilo de las averiguaciones?
Estos documentos ofrecen un vistazo parcial de los privilegios de la Sección 22. Con razón ésta se resiste a una reforma que haría que las nuevas plazas magisteriales sean otorgadas por concurso a los mejores. Si la Sección 22 ya tiene un "banco de plazas como patrimonio", no sorprende que se sienta agraviada por una reforma que busca que las plazas de la educación pública vuelvan a ser públicas.
El cinismo radica en pretender que eliminar esta privatización de las plazas es una forma de privatizar la educación pública.
Canciller austera
Angela Merkel, que para muchos es una villana, ha recibido un mandato contundente de los electores alemanes. Su respaldo de 41.5 por ciento es ocho puntos mayor que el de su última elección. El pueblo alemán respalda la necesidad de un gobierno austero y prudente.
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