Uno de los efectos no deseados (aunque sí previstos) de la democratización mexicana, tiene que ver con los poderes fácticos. Y es que bajo el régimen priísta surgieron al amparo del poder esos poderes, que formalmente no forman parte del Estado (en su acepción política, no jurídica) pero concentran poder y pueden ejercer gran influencia en las decisiones públicas que les atañen (y a veces en otras muchas que no los afectan directamente). Lo distintivo en el Antiguo Régimen (que no termina por desaparecer) era que dichos poderes estuvieron subordinados al Ejecutivo Federal.
Los grandes sindicatos públicos (como el petrolero y el Magisterio) se alineaban normalmente a las directrices presidenciales, constituyendo además un apoyo político y electoral al partido oficial. Las rebeliones se castigaban con defenestración y cárcel (cuando no con desapariciones o incluso asesinato). A cambio de dicho apoyo, venían grandes privilegios para los líderes pero también para los agremiados (ver las condiciones laborales de electricistas y petroleros, o las plazas “privadas” de los maestros, que ahora defienden contra viento y marea). Surgieron también los poderes económicos, en alianza con el Estado y bajo su amparo, aunque con episodios de distanciamiento y confrontación (con Cárdenas, Echeverría y López Portillo, por ejemplo). Pero prevalecía la hegemonía presidencial. Televisa llegó a definirse emblemáticamente como “soldado del presidente”.
Con la democratización la presidencia perdió poder frente a otras instituciones formales (el Congreso, el poder judicial y los gobernadores), pero no se tocó a los poderes fácticos, que por el contrario cobraron autonomía y margen de acción para negociar con los órganos del Estado (y los partidos políticos) desde una situación de mayor fuerza. El trato de aliada privilegiada que recibió Elba Esther Gordillo bajo los gobiernos panistas, y la impunidad de que gozaron todos los demás liderazgos corporativos (el petrolero Romero Deschamps mantuvo su fuero legislativo gracias al voto del PAN, a propósito del Pemexgate), son muestra elocuente de ello. También está la influencia que tuvieron núcleos empresariales como el llamado “Grupo Monterrey” que incluso tuvo presencia en el gabinete. Y ni qué decir de los consorcios mediáticos, que recibieron nuevas dádivas e hicieron y deshicieron a su antojo (si bien, en 2008 recibieron un fuerte golpe con la reforma electoral, que el gobierno y el PAN respaldaron como concesión a la izquierda por las dudas sobre el triunfo de Felipe Calderón en 2006).
Enrique Peña Nieto tomó nota de esa desviación de la transición política mexicana, y ofreció desde el principio poner remedio (al menos en medida significativa). Recordemos que incluso en el Pacto por México se habla de los poderes fácticos, lo que es insólito, y se compromete a acotar su influencia por considerarla nociva para la República. Ahí se enfatiza: “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
Es cierto que las leyes aprobadas y proyectadas en este sexenio tocan buena parte de los privilegios de los poderes fácticos, pero no queda claro el alcance real en ese propósito. Por ejemplo, la aprehensión de Elba Esther Gordillo ha quedado, no como parte de una lucha clara contra la corrupción, sino como el viejo recurso priísta de llamar selectivamente a cuentas a algún pez gordo, sólo para motivos de legitimación gubernamental (que además ya feneció). Ni siquiera se vislumbra una democratización del SNTE. Algo se abre la competencia en materia televisiva, y se afectará algunos privilegios fiscales de las grandes empresas. Habrá que ver si esos poderes fácticos utilizan su fuerza, no necesariamente para echar atrás tales reformas (como lo intentó la CNTE) pero sí para desvirtuar su aplicación y neutralizar sus efectos. El trato de interlocución y debilidad del gobierno federal hacia la CNTE, y el saldo positivo de sus movilizaciones (para ellos, en detrimento del país), suscita la idea de que el poder de los poderes fácticos (valga la redundancia) sigue vigente.
Twitter: @JACrespo1
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